El presidente electo, Abelardo de la Espriella, planteó la realización de un censo nacional de establecimientos educativos, con atención especial en la región Caribe, según registró la fuente. El objetivo, según sus propias palabras, es identificar las llamadas escuelas olvidadas, una categoría que agrupa a planteles con deficiencias severas de infraestructura, dotación o cobertura.
La propuesta llega en un contexto en el que distintas zonas rurales y apartadas del país arrastran décadas de rezago en infraestructura escolar. En varias regiones, especialmente en la Costa Caribe, comunidades y periodistas han denunciado de manera recurrente el estado de escuelas sin techos adecuados, sin conectividad y, en algunos casos, sin aulas en funcionamiento, lo que obliga a los estudiantes a recibir clases en espacios improvisados.
De la Espriella vinculó la iniciativa al sector privado. En su planteamiento, la empresa privada tendría un rol en el proceso de identificación y, eventualmente, en la mejora de los planteles. Aunque los detalles del mecanismo no se precisaron en la nota, la mención abre la puerta a esquemas de cooperación público-privada que en Colombia han sido usados en sectores como infraestructura vial y energía, pero con antecedentes limitados en educación.
El censo, según lo expuesto, tendría dos fines prácticos: medir la magnitud real del déficit de infraestructura escolar y priorizar las intervenciones donde el Estado ha estado ausente. Sin un diagnóstico actualizado, las autoridades nacionales suelen trabajar con cifras desactualizadas del Ministerio de Educación, lo que dificulta focalizar los recursos.
Para la ciudadanía, el eventual registro implica que miles de familias podrían ver visibilizadas problemáticas que llevan años sin respuesta oficial. Padres de familia y docentes suelen reportar las mismas quejas en cada cambio de gobierno: colegios en mal estado, falta de docentes y carencia de servicios básicos como agua potable o energía eléctrica.
La propuesta también pone la mira en la región Caribe, una zona que concentra algunos de los indicadores más bajos de calidad educativa y donde las brechas entre zonas urbanas y rurales son marcadas. Departamentos como La Guajira, Sucre, Córdoba y Magdalena han sido señalados en informes oficiales por tasas de deserción escolar elevadas y baja cobertura neta en secundaria y media.
En el plano político, la iniciativa se inscribe en la agenda regional del nuevo gobierno. De la Espriella vinculó sus apuestas para las regiones a la participación privada, una línea que conecta con el discurso de activar la inversión empresarial como motor de desarrollo territorial. Queda pendiente que el equipo de transición traduzca la idea en un plan concreto con metas, plazos y fuente de recursos.
El sector educativo, agremiado en sindicatos como FECODE y en asociaciones de rectores, suele reaccionar con cautela ante anuncios de cooperación con el sector privado. Históricamente, estas organizaciones han reclamado que cualquier alianza preserve la naturaleza pública de la educación y que la inversión privada no reemplace al Estado en su obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación.
Por ahora, el anuncio funciona como una declaración de intención. La viabilidad del censo dependerá de la articulación con el Ministerio de Educación, las secretarías departamentales y municipales, y de los recursos que se asignen en el Presupuesto General de la Nación. Sin ese andamiaje, el registro podría quedar en una promesa de campaña más.
La fuente consultada registra la declaración del mandatario electo sin precisar la fecha del pronunciamiento ni el escenario en el que se produjo. Cualquier avance en la materia podrá evaluarse cuando se conozcan los detalles operativos de la propuesta.