Según una publicación de Infobae, durante la campaña presidencial el hoy jefe de Estado colombiano habría notificado a más de 20 dirigentes nacionales para que les fuera suspendido su documento de ingreso al territorio norteamericano. La información señala que el listado incluye, entre otros, a Marta Peralta y a Euclides Torres, políticos a quienes se les habría pedido la cancelación del visado.
De confirmarse, la solicitud constituye un episodio atípico en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Normalmente, las decisiones sobre visados las adopta de forma unilateral el Departamento de Estado, con base en criterios migratorios, de seguridad o de cumplimiento de la ley estadounidense. Una petición formal de un gobierno extranjero para que se retire el beneficio de entrada a ciudadanos de su propio país abre un flanco diplomático poco habitual.
La noticia se conoce en un momento en que la relación entre Bogotá y Washington atraviesa un periodo de redefinición de la cooperación en materia de seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico. Cancillería, Migración Colombia y la embajada de Estados Unidos en Bogotá no han emitido, hasta ahora, una comunicación oficial sobre el particular, según el extracto disponible. La Casa Blanca tampoco se ha pronunciado en público sobre el contenido del eventual listado.
Entre los nombres divulgados por la fuente aparecen políticos de distintas corrientes y procedencias. La inclusión de perfiles de variada ideología sugiere, según la lectura del medio, que el criterio para integrar la lista no respondió exclusivamente a la oposición partidista, sino a otro tipo de consideraciones que el propio reportaje no detalla. Infobae indica que la solicitud se habría presentado por canales informales y que la decisión final sobre cada caso depende, en cualquier caso, de las autoridades migratorias estadounidenses.
Para los ciudadanos afectados, la cancelación o suspensión de la visa implica restricciones de viaje, dificultades para atender compromisos académicos, familiares o comerciales en territorio estadounidense y eventuales consecuencias sobre cuentas bancarias y operaciones financieras con contrapartes norteamericanas. Las sanciones migratorias, además, suelen ser graduales: van desde la simple revocación del visado hasta la inclusión en listas de inadmisibilidad que impiden el ingreso durante años.
En el plano institucional, el episodio coloca sobre la mesa la pregunta sobre los límites de la injerencia de un gobierno en la política migratoria de otro país. Expertos en derecho internacional consultados por distintos medios recuerdan que la emisión y cancelación de visados es potestad soberana del Estado receptor, y que una solicitud en ese sentido puede ser atendida, ignorada o rechazada según el criterio de la embajada o el consulado correspondiente.
Por ahora, la denuncia reposa en una sola publicación periodística y no ha sido corroborada de manera independiente por otras agencias ni por las partes mencionadas. Algunos de los señalados han guardado silencio, mientras que otros han rechazado la versión a través de redes sociales. La opacidad del proceso, señalan observadores, impide verificar el alcance real del listado y si este fue tramitado formalmente o quedó en una mera comunicación informal.
Quedan varios interrogantes abiertos: cuántos nombres integraban realmente la lista, qué criterios se usaron para seleccionarlos, si las autoridades estadounidenses actuaron sobre algún caso y si el gobierno colombiano planea reiterar o formalizar la petición ahora que De la Espriella ocupa la Casa de Nariño. La evolución de este asunto seguramente marcará el tono del relacionamiento bilateral durante los primeros meses de la nueva administración.