En su primer fin de semana al frente del Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella presentó un balance de operaciones de la Fuerza Pública contra grupos armados en tres regiones del país. El reporte, recogido por Infobae, incluye acciones en Meta, Antioquia y Urabá, zonas históricamente sensibles por la presencia de disidencias de las FARC y del Clan del Golfo.
De acuerdo con la información entregada, los operativos arrojaron un número de integrantes de grupos armados que fueron abatidos y capturados, junto con incautaciones de material que las autoridades consideran relevante para la actividad de esas estructuras. La fuente no detalla las cifras exactas, por lo que el balance cuantitativo se conocerá en los reportes oficiales de la cartera de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares.
El mensaje político del presidente fue directo. En su declaración, De la Espriella aseguró que “no habrá tregua”, una frase que fija la línea de acción del nuevo gobierno frente a las organizaciones criminales. La expresión se produce en un contexto de presión internacional y nacional por los niveles de violencia en zonas rurales, donde las disidencias y el Clan del Golfo mantienen control territorial y economías ilegales.
Las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo son los dos principales actores del conflicto armado no estatal en Colombia. El primero opera principalmente en el sur y oriente del país, con facciones que se han rearmado tras el acuerdo de paz de 2016. El segundo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene presencia en Urabá, el Bajo Cauca antioqueño y zonas del Caribe, con disputas por rutas de narcotráfico y minería ilegal.
Antioquia y Urabá han sido ejes críticos de la seguridad nacional en los últimos años. En el Bajo Cauca se han registrado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y facciones como los Caparros, mientras que en Urabá la confrontación por el control del puerto y las rutas de salida de droga han generado desplazamientos y afectaciones a comunidades campesinas y afrodescendientes. En el Meta, la presencia de disidencias como las comandadas por alias ‘Iván Mordisco’ se ha traducido en ataques a la Fuerza Pública y restricciones a la movilidad.
El concepto de “no habrá tregua” marca un giro de tono respecto a gobiernos anteriores que exploraron diálogos parciales con algunos grupos armados. La apuesta por la vía militar como eje principal tiene implicaciones en dos frentes: en lo operativo, exige sostenibilidad de los operativos y resultados medibles; en lo político, obliga a definir cómo se manejarán eventuales procesos de sometimiento a la justicia, una herramienta contemplada en la ley para organizaciones criminales.
Para la ciudadanía, el impacto inmediato de este tipo de operaciones se mide en indicadores de seguridad como homicides, secuestros y desplazamientos, así como en la capacidad de las comunidades para circular y comerciar. En zonas donde la presencia de grupos armados es fuerte, la población civil suele quedar en medio de los operativos, lo que obliga a la Fuerza Pública a extremar los protocolos de protección de no combatientes.
Las reacciones políticas dentro y fuera del gobierno aún están por consolidarse. Sectores que han pedido salidas negociadas a conflictos, como comunidades rurales y organizaciones de derechos humanos, suelen reaccionar con cautela ante anuncios de ofensiva militar. Sectores favorables al uso de la fuerza suelen recibirlos con respaldo. El balance real, sin embargo, se medirá en los próximos meses con indicadores verificables y no solo con declaraciones.
Por ahora, el reporte del primer fin de semana se convierte en la carta de presentación del gobierno de De la Espriella en materia de seguridad. La promesa de que no habrá tregua y la simultaneidad de operaciones en tres regiones dejan entrever una estrategia de presión simultánea sobre distintos enemigos. Lo que sigue es la publicación de cifras oficiales, el despliegue operativo que sostenga el anuncio y la articulación con la justicia para judicializar a los capturados.