El nuevo período presidencial arrancó con un mapa legislativo en el que las mayorías de Abelardo de la Espriella en el Congreso no son propias, sino que se construyen con el apoyo del uribismo, según reporta EL PAÍS. Esa dependencia marca el tono político de los primeros meses de gestión y define los márgenes de negociación para cada iniciativa del Ejecutivo.
El uribismo es la corriente política organizada en torno al expresidente Álvaro Uribe y a los partidos y movimientos que se reconocen como herederos de su proyecto. En la historia reciente del Congreso colombiano, ese bloque ha funcionado como un actor clave para sacar adelante reformas, archivarlas o modificarlas, según el grado de afinidad con el Gobierno de turno.
En este contexto, el condicionamiento de las mayorías implica que el Gobierno de De la Espriella necesitará negociar proyecto por proyecto con ese bloque. No se trata de un respaldo automático, sino de acuerdos puntuales que pueden incluir cambios de texto, inclusión de prioridades del uribismo o compromisos políticos en regiones donde esa bancada tiene presencia.
Para la ciudadanía, el efecto más visible se traduce en la velocidad con la que avanzan o se frenan proyectos como la reforma tributaria, cambios al sistema de salud, modificaciones laborales o reformas a la justicia. Cada uno de estos debates pasará por el filtro de una bancada que, como reporta EL PAÍS, tiene peso decisivo en la conformación de las mayorías.
El arranque de un Gobierno suele estar marcado por señales políticas hacia el Congreso. En este caso, la señal es doble: hacia afuera, el nuevo presidente gobierna con una coalición amplia en el papel; hacia adentro, esa coalición depende de la disciplina de un bloque que responde a una lógica distinta a la del Ejecutivo.
En el plano institucional, la relación entre Presidencia y Congreso se medirá por la capacidad de diálogo. Los proyectos que logren consensos tempranos pueden convertirse en victorias rápidas. Los que choquen con las prioridades del uribismo, en cambio, enfrentarán obstáculos o ajustes de fondo antes de ser aprobados.
El antecedente inmediato más cercano es el ciclo 2022-2026, en el que el entonces Gobierno de Gustavo Petro debió negociar de forma permanente con distintos bloques del Congreso, incluido el uribismo, para sacar adelante reformas clave. Esa experiencia dejó lecciones sobre los ritmos legislativos y los costos políticos de la negociación.
Quedan varios frentes abiertos. El primero es la elección de las mesas directivas del Congreso y de las comisiones, donde se define quién coordina los debates. El segundo es la presentación formal del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, la carta de navegación del Gobierno. El tercero, la designación del gabinete, que sirve como señal política de los acuerdos ya tejidas con las bancadas.
Por ahora, el cuadro general que describe EL PAÍS es claro: el Gobierno de Abelardo de la Espriella no gobierna con mayorías propias en el Legislativo, sino con mayorías condicionadas. La forma en que esa condición se traduzca en resultados concretos para los ciudadanos dependerá de la negociación cotidiana entre el Ejecutivo y el Congreso durante el resto del período.