El gobierno de Abelardo De La Espriella arrancó sus primeras 48 horas con un despliegue militar dirigido contra dos de las estructuras armadas ilegales más grandes que operan en Colombia: las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La Revista Semana registró siete acciones en ese período, una cifra que marca el tono con el que la nueva administración enfrenta el orden público.
Según el reporte, los operativos dejaron cabecillas abatidos, capturas e incautaciones de armamento en varias regiones del país. La estrategia apuntó de manera simultánea a dos organizaciones distintas, lo que sugiere una presión simultánea sobre frentes que hasta ahora habían enfrentado intervenciones por separado.
Las disidencias de las Farc son un conjunto de estructuras que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 y han mantenido presencia en zonas como Caquetá, Cauca, Putumayo, Arauca y Catatumbo. El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es considerado la organización criminal con mayor capacidad de reclutamiento y control territorial, con influencia en Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y el Bajo Cauca.
Los golpes a cabecillas son una de las métricas más sensibles en la lucha contra estos grupos, porque la captura o neutralización de un líder suele reorganizar las jerarquías internas y abrir disputas por el control. La Revista Semana no especificó en su extracto cuántos cabecillas fueron abatidos ni las regiones exactas de cada operación, datos que se esperan en los comunicados oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía.
Las incautaciones de armas apuntan a uno de los insumos básicos de la capacidad de fuego de estas organizaciones. Cada operativo con decomisos afecta la logística, la movilidad y la capacidad de coerción sobre las comunidades en los territorios donde estos grupos ejercen influencia. La reiteración de este tipo de resultados suele ser una de las cartas de presentación de un gobierno en materia de seguridad.
Las reacciones dentro y fuera del país dependerán de cómo se documenten los operativos. Sectores defensores de derechos humanos suelen pedir que las acciones militares vayan acompañadas de investigaciones judiciales y de garantías para la población civil. Organizaciones empresariales, en tanto, tienden a evaluar el impacto en zonas donde la violencia afecta el comercio, el transporte y la inversión.
Para la ciudadanía, el efecto inmediato se mide en la percepción de control del territorio y en la continuidad de hechos que ya se venían registrando. El gobierno hereda una estrategia de seguridad que combina presencia militar, inteligencia y articulación con la Fiscalía, y los primeros operativos se producen en un momento en el que las disidencias y el Clan del Golfo mantienen disputas internas por rutas de narcotráfico y control de comunidades.
Queda pendiente conocer el balance oficial detallado de las siete operaciones, las regiones afectadas y los procesos judiciales que sigan a las capturas. Las próximas semanas mostrarán si la intensidad de las primeras 48 horas se mantiene como línea de trabajo o si responde a un arranque puntual de la nueva administración.