El presidente Abelardo de la Espriella confirmó un cambio de rumbo en la política de seguridad del país al anunciar el fin de los salvoconductos entregados a integrantes de grupos armados. La declaración marca el primer giro explícito respecto del esquema de negociaciones que rigió durante la administración anterior.
Con la frase "se acabaron los salvoconductos", el jefe de Estado elevó el tono frente a las organizaciones criminales y señaló que su gobierno no continuará con los permisos que permitían a voceros de esos grupos desplazarse sin ser detenidos. La decisión implica un regreso a un esquema de presión militar y judicial sobre las estructuras armadas.
El anuncio representa una ruptura con la llamada Paz Total, la estrategia impulsada por el expresidente Gustavo Petro que buscaba abrir conversaciones simultáneas con múltiples grupos armados, incluidos el ELN, las disidencias de las FARC y organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Bajo ese enfoque se otorgaron distintos tipos de documentos y garantías de movilidad para facilitar el diálogo.
De la Espriella asumió la presidencia con un discurso centrado en el restablecimiento de la autoridad y la lucha contra el crimen organizado. La suspensión de los salvoconductos es la primera medida concreta en esa dirección y deja sin efecto las garantías que habían facilitado la interlocución entre el gobierno anterior y distintos grupos armados.
La decisión tendrá efectos inmediatos sobre los delegados de las organizaciones que participaban en mesas de diálogo y sobre los cuerpos de seguridad, que podrán retomar operativos de captura contra quienes operen al margen de la ley. Sectores de la oposición han respaldado el giro, mientras que organizaciones sociales han expresado preocupación por el riesgo de que se cierren los canales de negociación.
Desde el ámbito institucional, el cambio obliga a redefinir el papel de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y de los delegados que participaban en los acercamientos. Aún no se conoce si el gobierno mantendrá alguna mesa de diálogo o si la estrategia se concentrará exclusivamente en la vía militar y judicial.
Para la ciudadanía, el fin de los salvoconductos puede traducirse en un incremento de operativos en zonas donde operan estos grupos, lo que podría aumentar tanto los resultados en capturas como los riesgos de enfrentamientos en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
La medida deja abiertas varias preguntas: qué ocurrirá con los acuerdos parciales firmados bajo la Paz Total, cómo se protegerá a las comunidades en zonas de presencia armada y si el gobierno abrirá un nuevo modelo de conversaciones o apostará de lleno por la confrontación. El próximo reto del Ejecutivo será traducir este giro discursivo en decisiones operativas y presupuestales.