En medio de un discurso oficial, el presidente Abelardo De La Espriella suspendió su intervención y transmitió una orden directa al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. La instrucción, según registró Revista Semana, apuntó al traslado de internos considerados peligrosos que permanecen en el centro carcelario de Buenaventura, en el Pacífico colombiano.
La orden fue emitida en vivo y quedó recogida en la frase que titula la información de Semana: “Que no entre ni la señal de la santa cruz”. La expresión fue pronunciada por el jefe de Estado al momento de dar la instrucción al responsable del sistema penitenciario, sin que la nota divulgue el nombre del funcionario receptor.
Buenaventura es uno de los principales puertos del país sobre el litoral Pacífico y, desde hace años, sus centros de reclusión han sido señalados como focos de hacinamiento y de influencia de organizaciones criminales. La ciudad registra históricamente una de las tasas de violencia más altas de Colombia, lo que ha llevado a sucesivos gobiernos a implementar medidas extraordinarias en materia de orden público y seguridad.
El Inpec es la entidad adscrita al Ministerio de Justicia encargada de la custodia, vigilancia y tratamiento de las personas privadas de la libertad en Colombia. Su director es el funcionario de mayor rango dentro de la institución y el conducto regular para ejecutar traslados masivos de reclusos, una decisión que suele coordinarse con la Fiscalía y con la Fuerza Pública cuando se trata de internos de alta peligrosidad.
La forma en la que se produjo la orden, durante una alocución presidencial en curso, es inusual en el manejo administrativo del sistema carcelario, donde los traslados suelen disponerse por resolución y comunicarse después a la opinión pública. El episodio llamó la atención porque evidenció una comunicación directa entre el primer mandatario y el responsable del Inpec, al margen del protocolo acostumbrado.
Para los habitantes de Buenaventura y de su área metropolitana, los anuncios sobre traslados masivos suelen estar vinculados al clima de seguridad que vive el distrito. En la ciudad confluyen disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales, y la población civil ha sido la principal afectada por hechos de violencia y restricciones a la movilidad.
Sectores que defienden la medida pueden leerla como un gesto de firmeza frente al crimen organizado, mientras que voces críticas suelen advertir que los traslados, sin controles ni seguimiento, pueden trasladar el problema a otras ciudades. Semana no recoge en su extracto reacciones de la oposición ni de voceros del Inpec distintos del tono presidencial.
Queda por conocer el alcance operativo de la orden: cuántos internos serán movilizados, bajo qué criterios de peligrosidad y hacia qué establecimientos serán remitidos. También se desconoce si la Fiscalía o el Ministerio de Justicia fueron notificados previamente, un aspecto clave para determinar la legalidad del procedimiento.
El Inpec no entregó de inmediato un pronunciamiento público detallado. Revista Semana publicó la orden presidencial sin precisar si el traslado ya se ejecutó o si se trata de una directriz que se materializará en los próximos días, lo que deja varios puntos del procedimiento a la espera de información oficial complementaria.