De La Espriella centró su atención en dos cabecillas del ELN que delinquen en Santander y les lanzó un ultimátum con un plazo contado, según reportó Revista Semana. El tono del mensaje fue directo y dirigido específicamente a los señalados, no a la organización en abstracto.
Santander es uno de los departamentos donde el ELN mantiene presencia histórica. La guerrilla opera en zonas rurales y de transición, con influencia sobre corredores de movilidad y actividades ilícitas. La referencia a cabecillas específicos indica que el gobierno entrante llega con nombres propios en la mira.
El hecho de que el pronunciamiento provenga del próximo jefe de Estado le da un peso institucional particular. Un ultimátum de un presidente electo, antes de asumir el cargo, suele interpretarse como una señal de la línea que adoptará el gobierno en materia de orden público.
Para la ciudadanía en Santander, la declaración tiene implicaciones prácticas. Las poblaciones que han convivido con la presencia del ELN durante décadas suelen recibir este tipo de anuncios con expectativas, pero también con cautela sobre su cumplimiento.
La fuente no precisa qué condiciones planteó De La Espriella a los cabecillas, ni qué consecuencias anunciadas en caso de que no respondan al plazo. Esa ausencia de detalle deja abierta la interpretación sobre si se trata de una exigencia de sometimiento, de un llamado a la desmovilización o de una advertencia de operaciones militares.
El ELN ha sido objeto de múltiples intentos de diálogo con gobiernos anteriores, algunos de los cuales se interrumpieron por hechos violentos. El contexto nacional incluye una política de paz Total vigente, aunque con resultados dispares según los grupos armados.
Lo que sigue en el corto plazo es el cumplimiento del plazo señalado por el presidente electo. Si los cabecillas no responden, el siguiente movimiento corresponderá al gobierno entrante, ya instalado en la Casa de Nariño, para definir si actúa unilateralmente o abre un canal de negociación.
La comunidad y los gremios de Santander estarán atentos al desarrollo de este anuncio. Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos suelen pedir que cualquier operación se ajuste al derecho internacional humanitario.