El presidente electo Abelardo de la Espriella endureció su discurso en materia de seguridad durante una visita a la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. En ese escenario difundió un mensaje directo dirigido a los integrantes del Clan del Golfo, agrupación declarada como estructura criminal por el Estado colombiano.
De acuerdo con la información publicada por El Cronista, el mensaje central del jefe de Estado electo consistió en fijar un plazo de 17 días para que los miembros de esa organización se sometan a la justicia ordinaria. La condición fue planteada de manera pública y ante una audiencia reunida en la capital cordobense.
El anuncio se inscribe en una línea de pronunciamientos que el entonces candidato venía expresando sobre el tratamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones narco-criminales que operan en distintas regiones del país. La visita a Montería forma parte de la agenda de transición y de proximidad con las regiones, en un momento en que el gobierno electo afina los lineamientos de su política de seguridad.
La referencia al Clan del Golfo no es menor. Se trata de una de las estructuras armadas ilegales con mayor presencia territorial en Colombia, activa en zonas del Urabá, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Antioquia y otros departamentos, donde convive con disputas por el control de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Cualquier decisión sobre cómo abordar a esa organización tiene repercusiones directas en la seguridad de los habitantes de esos territorios.
El planteamiento del presidente electo supone una bifurcación clara entre dos caminos: el sometimiento individual o colectivo a la justicia, por una parte, y la confrontación militar y policial por la otra. La ley colombiana contempla figuras de sometimiento que permiten a miembros de organizaciones criminales acceder a beneficios punitivos a cambio de entregar información, cesar actividades ilícitas y reparar a las víctimas.
Para los ciudadanos de Córdoba y de las demás regiones afectadas, el anuncio abre un período de expectativa en torno a la evolución de los hechos de violencia, las extorsiones y los desplazamientos forzados que se han asociado a la actividad del Clan del Golfo. A nivel local, gremios productivos, comerciantes y líderes comunitarios suelen señalar el impacto de estas estructuras sobre la economía y la convivencia.
Entre los puntos que quedan pendientes está la definición de los alcances operativos del eventual sometimiento, los mecanismos de verificación y la articulación con la Fiscalía, la Rama Judicial y la Fuerza Pública. También se mantiene la expectativa sobre la forma en que el gobierno entrante coordinará estas decisiones con las políticas de paz total y de seguridad que se han implementado en los últimos años.
El mensaje desde Montería marca el tono con el que el presidente electo busca llegar a la fase de empalme y, posteriormente, a la instalación de su gobierno. La manera en que se concrete el plazo de 17 días y la respuesta del Clan del Golfo serán seguidos de cerca por analistas, medios de comunicación y por la comunidad en general, dado su impacto potencial en la seguridad del territorio nacional.
La información difundida por El Cronista no precisa si el plazo ya empezó a contar desde la fecha del acto en Montería ni detalla los términos exactos de la propuesta de sometimiento. Sobre esos aspectos, así como sobre la posición oficial del Clan del Golfo y de las autoridades locales, se espera comunicación ampliada en los próximos días.