Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, lanzó una nueva advertencia dirigida a los exlíderes de las antiguas Farc. El mensaje llegó horas después de que alias Timochenko, exjefe máximo de esa guerrilla, se presentara ante la Jurisdicción Especial para la Paz, según registró Infobae.
De la Espriella calificó de insuficiente el esquema de justicia transicional vigente en el país. Señaló que el modelo actual otorga beneficios que, a su juicio, no se corresponden con la gravedad de los hechos cometidos por los antiguos comandantes guerrilleros durante décadas de conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente judicial del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc. Su propósito es investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas en el marco del conflicto, ofreciendo penas alternativas a quienes reconozcan responsabilidad.
La presentación de Timochenko ante la JEP se enmarca en los compromisos adquiridos por los exintegrantes de las Farc dentro de ese sistema. Los comparecientes deben aportar verdad, reconocer su participación en los hechos y contribuir a la reparación de las víctimas como condiciones para acceder a las sanciones propias y alternativas que establece la jurisdicción.
La advertencia del presidente electo reaviva el debate sobre los límites de la justicia transicional en Colombia. Sectores políticos y víctimas del conflicto han cuestionado de forma reiterada la extensión y el alcance de los beneficios otorgados a excombatientes, mientras que defensores del acuerdo sostienen que el modelo es la vía institucional para cerrar el ciclo de violencia.
El pronunciamiento se produce en un momento sensible para las relaciones entre el Gobierno nacional y los antiguos espacios de negociación. Organizaciones de víctimas y plataformas de derechos humanos han pedido que cualquier ajuste al sistema de justicia transicional preserve los derechos ya reconocidos a quienes sufrieron el conflicto.
De la Espriella sostuvo que su gobierno no construirá ningún tipo de perdón ni olvido frente a los máximos responsables de la antigua guerrilla. La declaración anticipa una línea de tensión con los espacios institucionales creados por el Acuerdo de Paz, que han sido defendidos por la comunidad internacional como una herramienta para la no repetición.
Queda por verse cómo se traducirá esta posición en acciones concretas del próximo gobierno. Entre los puntos pendientes figuran la designación de nuevos magistrados y funcionarios ante la JEP, la presentación de proyectos de ley que modifiquen el sistema y la articulación con la Corte Constitucional, que en varias sentencias ha precisado el alcance de los beneficios transicionales.