Según informó El Tiempo, el presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum dirigido a las disidencias de las Farc con presencia en el departamento del Tolima. El llamado concede un plazo de diez días para que los integrantes de esos grupos armados se presenten ante las autoridades judiciales colombianas.
La declaración fue hecha pública en un contexto de creciente atención sobre la situación de orden público en zonas del sur y occidente del Tolima, donde en los últimos años han tenido presencia estructuras disidentes surgidas tras los acuerdos de paz de 2016. El mensaje fija una condición clara: la entrega voluntaria o, en su defecto, la acción militar.
De la Espriella advirtió que, de no concretarse la medida, las Fuerzas Militares adelantarán los operativos necesarios en el territorio. La advertencia presidencial pone sobre la mesa el uso de la fuerza pública como herramienta de presión frente a los grupos que no acojan el llamado, según lo reportado por El Tiempo.
El pronunciamiento se produce en un momento en que la discusión sobre seguridad y paz ha ocupado un lugar central en la transición de gobierno. Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia tras resultar electo en el proceso electoral reciente, por lo que sus declaraciones tienen un peso anticipado sobre las líneas de mando militar y policial.
Para los habitantes de municipios del Tolima donde han operado estas estructuras, el anuncio representa una señal de que la nueva administración se propone actuar con decisión frente al fenómeno disidente. Las comunidades han vivido de cerca los efectos del conflicto armado interno, lo que hace que cualquier anuncio de este tipo tenga impacto directo en la percepción de seguridad de la población civil.
En el plano institucional, el mensaje presidencial marca un tono respecto del manejo que el gobierno entrante podría dar al proceso de sometimiento y a la política de paz total vigente. La entrega a la justicia, como ruta planteada, se diferencia de los operativos ofensivos que las Fuerzas Militares desarrollan de manera regular en zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.
La diferencia entre la vía de la entrega y la vía operativa quedó planteada en términos de tiempo: diez días para una decisión. Una vez vencido ese plazo, según el pronunciamiento recogido por El Tiempo, corresponderá a las Fuerzas Militares definir y ejecutar las acciones en el territorio tolimense.
Queda por verse cómo reaccionan las disidencias frente al ultimátum y cuál es la capacidad de respuesta operativa que las Fuerzas Militares puedan desplegar en la región. También está abierta la lectura sobre si otros grupos armados en distintas zonas del país recibirán señales similares durante el arranque del nuevo gobierno.
Por ahora, el hecho noticioso es la advertencia directa del presidente electo. El plazo corre y la condición es pública, según lo registró El Tiempo en su cobertura.