El presidente Abelardo De La Espriella respondió públicamente al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que este acudiera a la Corte Penal Internacional (CPI). En su pronunciamiento, De La Espriella sostuvo que no comparte ni acepta el contenido de lo expresado por el titular del tribunal de paz.
El jefe de Estado fue más allá y aseguró que, hasta el momento, no existe una sola decisión del Gobierno colombiano que permita afirmar que el país incumple sus compromisos internacionales. Con esa afirmación, buscó despejar cualquier señalamiento en materia de cooperación con instancias internacionales de justicia.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Su presidente es elegido por el Comité de Selección previsto en ese mismo acuerdo y cumple funciones jurisdiccionales sobre los casos de los excombatientes y terceros comparecientes vinculados al conflicto armado.
La CPI, por su parte, es el tribunal de última instancia para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Colombia es Estado parte del Estatuto de Roma desde 2002, lo que significa que reconoció la competencia de la corte y se comprometió a cooperar con sus requerimientos.
El cruce de declaraciones ocurre en un contexto de tensiones periódicas entre el Gobierno y los organismos de justicia transicional. A lo largo de los últimos años, distintos sectores han cuestionado la implementación de los compromisos del acuerdo de paz, incluidas las sanciones de la JEP, la entrega de informes y la protección de comparecientes.
Acudir a la CPI puede interpretarse como una solicitud formal para que la corte evalúe si en Colombia se cumplen las condiciones del artículo 17 del Estatuto de Roma, es decir, si el Estado investiga y juzga efectivamente los delitos competencia del tribunal o si, por el contrario, hay inactividad o falta de voluntad real.
La respuesta del presidente apunta a defender la postura del Gobierno frente al sistema internacional. Al negar que exista una decisión oficial que comprometa al país, De La Espriella buscó separar el pronunciamiento del presidente de la JEP de la línea del Ejecutivo y reiterar el apego a los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional.
Por ahora, el episodio deja abierto el debate sobre el alcance de la cooperación con la CPI y sobre la relación entre los órganos de justicia transicional y el Gobierno nacional. Queda por verse si la JEP ampliará los argumentos de su recurso y si la CPI se pronunciará sobre su admisibilidad en las próximas semanas.