El presidente Abelardo De la Espriella firmó un decreto que pone fin a la suspensión que pesaba sobre los permisos para el porte de armas en el país. La decisión quedó consignada en una norma del Gobierno nacional, según reportó El País en su publicación sobre el tema.
El decreto no equivale a una autorización generalizada para que cualquier ciudadano pueda portar armas. La norma conserva un sistema de requisitos previos que deben cumplir los solicitantes antes de obtener el permiso ante la autoridad competente.
En la práctica, el levantamiento de la suspensión reactiva el trámite administrativo que había quedado congelado. Durante el tiempo que rigió la suspensión, las solicitudes nuevas o en curso quedaron detenidas o sujetas a restricciones adicionales.
El porte de armas en Colombia está regulado por el Ministerio de Defensa, a través de la Industria Militar (Indumil), entidad encargada de expedir los permisos y de supervisar las condiciones de tenencia y porte en todo el territorio nacional.
El decreto mantiene controles vigentes sobre los solicitantes, entre ellos los estudios de seguridad, las pruebas de idoneidad y los antecedentes judiciales, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normativa.
Para los ciudadanos interesados en acceder al permiso, el levantamiento implica que las solicitudes podrán volver a presentarse y a ser evaluadas por la autoridad competente, siempre bajo el marco de los controles previstos en la ley.
La medida se inscribe en la política de seguridad del Gobierno nacional y ocurre en un contexto donde el debate sobre el porte de armas ha sido recurrente en Colombia, un país con regulaciones estrictas en la materia y con normas que restringen la facultad de portar armas de fuego.
El decreto deja en manos de la autoridad competente la evaluación caso por caso de cada solicitud, sin que se haya anunciado una flexibilización de fondo en los criterios de aprobación ni en los controles que deben superar los aspirantes.
Según El País, el texto del decreto precisa que no se trata de un permiso general, lo que deja abierta la puerta para que el Gobierno nacional ajuste el procedimiento si las condiciones de seguridad lo exigen en el futuro.