El presidente Abelardo de la Espriella firmó la derogación de la suspensión general que mantenía paralizada la expedición de permisos para portar armas en Colombia, según informó el diario Público.es. Con la medida, el Gobierno Nacional abre nuevamente el camino para que los ciudadanos tramiten ese tipo de autorizaciones ante la autoridad competente.
De acuerdo con la información publicada por Público.es, el jefe de Estado justificó la decisión al considerar que la restricción general afectaba de manera desproporcionada a los colombianos que cumplen la ley. En su lectura, mantener la prohibición beneficiaba en la práctica a los grupos armados ilegales, a los que el presidente se refirió como "bandidos".
La suspensión general de los permisos para portar armas había sido una medida de carácter restrictivo adoptada previamente por el Ejecutivo. Su levantamiento implica el regreso al esquema ordinario de expedición, en el que cada solicitud debe cumplir los requisitos legales y los controles establecidos por las autoridades.
El porte de armas en Colombia está regulado por la Ley 1979 de 2019 y normas complementarias, que establecen criterios de idoneidad, necesidad y antecedentes para la entrega de los permisos. Las autoridades encargadas del trámite deben verificar antecedentes judiciales, psiquiátricos y de convivencia de cada solicitante antes de autorizar la tenencia o el porte.
Organizaciones civiles y de derechos humanos han señalado en debates previos que el porte de armas para civiles puede elevar los riesgos de violencia interpersonal y de letalidad en los hogares. Desde sectores defensores del porte, en cambio, se ha argumentado que la medida empuja a los ciudadanos cumplidos a una situación de indefensión frente a la criminalidad.
La decisión se conoce en un contexto de discusión pública sobre la seguridad en el país, donde confluyen políticas de fuerza pública, presencia de grupos armados y controles a la tenencia de armas. El Gobierno ha enmarcado su estrategia en la protección de los ciudadanos frente a las organizaciones armadas ilegales, un eje central de su discurso.
Según la información divulgada por Público.es, el presidente sostuvo que mantener la suspensión general implicaba una ventaja para quienes operan al margen de la ley. Con el levantamiento, la expectativa oficial es que los ciudadanos que tramiten sus permisos cuenten con un marco regulatorio que preserve los filtros de seguridad existentes.
Queda pendiente cómo se reactivarán los trámites ante las entidades competentes y si se expedirán instrucciones adicionales para reforzar los controles. La medida entrará a convivir con los registros vigentes y con los procesos de seguimiento que aplica el Estado sobre las armas autorizadas en territorio nacional.