Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial y abogado de larga trayectoria, salió al frente de las acusaciones que lo señalan por el manejo de recursos de la salud. Según Blu Radio, el litigante negó categóricamente cualquier irregularidad y sostuvo que su firma intervino exclusivamente como representante legal en el proceso relacionado con la intervención de la EPS Salud Vida.
La declaración se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre los bufetes que han asesorado a entidades del sistema de salud colombiano. Salud Vida fue una de las EPS que dejó de operar tras las intervenciones ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud en años recientes, en medio de la crisis estructural que afectó a varias promotoras del régimen contributivo y subsidiado.
De la Espriella buscó diferenciar dos roles que suelen confundirse en el debate público. Por un lado, la asesoría y representación legal de una entidad investigada o intervenida. Por el otro, la administración o el manejo directo de los recursos del sistema. Su argumento central es que su firma ejerció lo primero, no lo segundo, y que por tanto no le cabe responsabilidad sobre el destino de los dineros de la salud.
El caso reviste especial sensibilidad porque el ahora precandidato ha construido parte de su discurso político justamente en la defensa de las víctimas de corrupção y en la recuperación de recursos públicos. Reconocer un vínculo previo con Salud Vida, incluso como apoderado judicial, lo expone a cuestionamientos sobre coherencia y sobre los límites entre la defensa legal de empresas intervenidas y la responsabilidad patrimonial derivada de su operación.
Blu Radio reportó la versión del abogado, pero no publicó, en el extracto disponible, el detalle de las acusaciones concretas que se le imputan ni los expedientes abiertos en su contra. Esa ausencia limita el contraste periodístico. La precisión de la defensa depende de los hechos específicos que la justicia le haya formulado y del alcance real de los poderes otorgados por Salud Vida a su bufete.
La crisis de las EPS en Colombia dejó miles de usuarios sin atención oportuna, deudas acumuladas con clínicas y hospitales, y una cadena de investigaciones contra administradores, revisores fiscales y abogados externos. Cualquier nombre que aparezca vinculado a ese expediente queda bajo la lupa de la opinión pública, en especial cuando esa persona aspira a la Presidencia y promete combatir la corrupción en el sector.
Desde lo institucional, la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría y la Fiscalía son las entidades competentes para determinar si hubo manejos irregulares de recursos en Salud Vida. El papel de los apoderados judiciales en esos procesos suele ser revisado con lupa, porque en algunos casos la defensa legal se ha utilizado como pantalla para retardar decisiones de intervención o para dilucidar responsabilidades administrativas y penales.
Por ahora, la estrategia de De la Espriella se centra en fijar una narrativa pública antes de que las investigaciones avancen. Al negar de manera tajante el manejo de recursos, busca blindar su aspiración política de uno de los flancos más sensibles del debate nacional: la corrupción en el sistema de salud, un tema que conecta directamente con la vida cotidiana de millones de usuarios.
Queda pendiente conocer los soportes documentales que la firma entregó a los medios, las decisiones judiciales y administrativas que ya cursan sobre Salud Vida y si otras voces del sector, antiguos funcionarios de la EPS o veedurías ciudadanas se pronunciarán sobre el caso. La palabra final la tendrán los tribunales competentes.