El presidente Abelardo de la Espriella hizo públicas las imágenes de un operativo ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para trasladar a 120 personas privadas de la libertad desde establecimientos de Buenaventura hacia cárceles de máxima seguridad. El anuncio fue realizado por el propio jefe de Estado, según el reporte de Infobae.
Durante la presentación del operativo, el mandatario describió a los internos con uniforme naranja y amarrados, y advirtió sobre el destino de los reclusos. “Bien motiladito, uniforme naranja, bien amarradito. Y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo”, aseguró el jefe de Estado antes de difundir las imágenes del Inpec.
Con la frase “se acabó la alcahuetería”, el presidente enmarcó la decisión como un giro en la política de traslados hacia internos considerados de alta peligrosidad. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión sobre las cárceles del país, donde el hacinamiento y la operación de redes criminales desde los pabellones han sido motivo reiterado de denuncias por parte de distintos sectores.
El Inpec es la entidad encargada de la guarda, vigilancia y custodia de las personas sindicadas o condenadas en Colombia, así como de la administración de los establecimientos carcelarios del orden nacional. Los traslados a pabellones de máxima seguridad buscan restringir las comunicaciones y los contactos externos de los internos, medida contemplada en el régimen carcelario colombiano para internos con perfiles de alta peligrosidad o vinculados a organizaciones criminales.
Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, ha enfrentado en los últimos años disputas entre grupos armados ilegales por el control de actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal. Las autoridades han señalado reiteradamente que esta situación ha incrementado los índices de violencia en el distrito y ha golpeado a la población civil, que enfrenta restricciones a la movilidad y hechos de sicariato y extorsión.
El operativo fue presentado por el propio presidente como una respuesta directa a esa dinámica. La referencia a la “señal de la Santa Cruz” alude a las antenas y equipos de comunicación no autorizados que han sido hallados en penales del país, utilizados por internos para coordinar acciones ilícitas. En distintas ocasiones el Inpec ha decomisado teléfonos celulares, antenas y dispositivos que permitían a presos mantener el control de estructuras criminales.
Para la ciudadanía, la medida tiene implicaciones en materia de seguridad, en la medida en que busca cortar la capacidad de mando de los internos trasladados. La decisión también reaviva el debate sobre las condiciones de reclusión en las cárceles de máxima seguridad, donde las restricciones de comunicación son severas y los protocolos de aislamiento han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos en otras ocasiones.
La divulgación del operativo se suma a una serie de acciones del gobierno nacional orientadas a mostrar resultados en el frente de seguridad y a reforzar el mensaje de combate a la criminalidad organizada. Por ahora, el Inpec no ha detallado públicamente cuántos de los 120 internos son sindicados o condenados, ni los delitos específicos que se les imputan, aunque la presentación presidencial sugiere que se trata de perfiles vinculados a hechos violentos en la zona de Buenaventura.