La Universidad de Antioquia emitió un pronunciamiento en el que cuestionó la posibilidad de que el Gobierno nacional modifique de forma unilateral lo pactado en el Acuerdo Final de Paz suscrito en 2016, en particular lo relativo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El pronunciamiento lleva por título "Abelardo De la Espriella no puede arrasar con el Acuerdo Final y la JEP", según la información publicada por la propia institución.
El Acuerdo Final fue firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las entonces FARC-EP, tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana. Ese texto incluyó la creación de la JEP, un sistema de justicia transicional encargado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. La JEP inició funciones formalmente en 2018 y desde entonces ha adelantado numerosos macrocasos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue concebida como una herramienta de justicia restaurativa, no punitiva tradicional. Sus funciones centrales incluyen esclarecer la verdad, reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición. La Corte Constitucional, en sus sentencias C-674 de 2017 y posteriores, avaló la constitucionalidad del sistema y lo reconoció como un componente esencial del proceso de paz.
Desde distintos sectores se ha señalado que cualquier modificación al Acuerdo Final enfrenta restricciones de carácter constitucional y político. Por un lado, el texto fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, lo que le otorga rango constitucional. Por otro lado, el Acuerdo fue suscrito con un grupo armado y con acompañamiento internacional, entre ellos Cuba y Noruega como países garantes, lo que dificulta su modificación sin un nuevo proceso de diálogo.
El pronunciamiento de la Universidad de Antioquia se suma a los debates que desde 2022 han rodeado eventuales reformas o ajustes al sistema transicional. En distintos momentos, voces del Gobierno, de las víctimas, de la comunidad internacional y de la academia han expresado posiciones encontradas sobre el alcance, las sanciones y los tiempos que ha manejado la JEP. Esa discusión ha incluido críticas por la lentitud de algunos procesos y por la duración de las sanciones propias.
Para la ciudadanía, lo que está en juego es el modelo de transición que adoptó Colombia tras más de cincuenta años de conflicto armado interno. La JEP ha sido escenario de comparecencias de antiguos comandantes guerrilleros, militares, terceros civiles y agentes del Estado. Sus decisiones tienen impacto directo en los derechos de millones de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas, así como en las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
El alcance del pronunciamiento de la academia es de carácter institucional. La Universidad de Antioquia, una de las más antiguas del país, fundada en 1803, suele fijar posiciones sobre asuntos de interés nacional a través de su rectoría, su Consejo Superior o comunicados oficiales. En esta oportunidad, la institución planteó que existen límites claros a la capacidad del presidente para disponer del Acuerdo Final y de la JEP.
Queda por verse cómo responde el Gobierno nacional a este tipo de advertencias y si abrirá canales de diálogo con las víctimas, los países garantes y los organismos internacionales antes de cualquier decisión de fondo. El debate sobre el futuro del Acuerdo Final y la JEP seguirá marcando la agenda política y jurídica del país en los próximos meses.
La fuente de esta información es la propia Universidad de Antioquia, que publicó el pronunciamiento. Observatorio Ciudadano se limita a reseñar el hecho y a contextualizar su relevancia para la vida institucional del país, sin emitir juicios de valor sobre las partes involucradas.