En una entrevista con la Revista Jara y Sedal, Abelardo de la Espriella, recién electo presidente de Colombia, confirmó que practica la caza y que creció en una familia con esa tradición. El reconocimiento se hace público cuando apenas comienza el periodo de transición hacia su gobierno.
El dato tiene un peso particular en el contexto colombiano. En 2020 entró en vigor la Ley 2231, que prohibió la caza de fauna silvestre en todo el territorio nacional, tanto la deportiva como la de subsistencia, con excepciones reducidas. La norma endureció las sanciones para quienes capturen, comercialicen o transporten especímenes sin autorización de la autoridad ambiental.
Desde entonces, la caza dejó de ser una actividad recreativa legal en Colombia. La ley respondió a una caída sostenida de poblaciones de especies como el jaguar, el oso andino y varias aves migratorias, afectadas por décadas de presión cinegética. Organizaciones ambientalistas, por su parte, venían pidiendo un marco más estricto ante el avance del tráfico de fauna.
El reconocimiento del presidente electo vuelve a poner el tema en el centro de la discusión pública. Aunque la postura personal del jefe de Estado no modifica por sí sola la legislación vigente, sí abre un escenario de debate sobre eventuales revisiones a la norma, su aplicación efectiva y la política ambiental del nuevo gobierno.
Para el sector ambiental, el antecedente genera preguntas sobre el rumbo que tomará la política de protección de la biodiversidad durante el cuatrienio. Colombia es uno de los países con mayor diversidad de aves, anfibios y mariposas del mundo, y la caza furtiva se mantiene como una presión real sobre especies en riesgo.
En el plano institucional, el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales son las encargadas de vigilar el cumplimiento de la prohibición y de adelantar los procesos sancionatorios. Cualquier ajuste legal requeriría pasar por el Congreso de la República.
La entrevista con la Revista Jara y Sedal no difundió más detalles sobre los animales que caza el presidente electo ni sobre los lugares donde lo ha hecho. Tampoco quedó claro si la práctica continuará una vez asuma el cargo o si la suspenderá mientras esté en ejercicio de sus funciones.
Por ahora, la afirmación se conoce como una postura personal y pública dentro de un debate que combina tradición familiar, marco legal vigente y preocupación ambiental. La expectativa es que el nuevo gobierno aclare si piensa promover cambios a la ley o si la respetará tal como está.
En las próximas semanas se espera una mayor definición del equipo ambiental que acompañará a De la Espriella. También se espera que el Ministerio de Ambiente fije posición pública sobre el tema para despejar las dudas que dejó la entrevista.