El presidente Abelardo de la Espriella firmó la orden de extraditar a cinco ciudadanos colombianos solicitados por la justicia de Estados Unidos, según informó el propio Gobierno. La decisión se enmarca en los compromisos de cooperación judicial que Colombia mantiene con ese país y en los tratados bilaterales vigentes en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La figura de la extradition, regulada en la Constitución y en la ley colombiana, permite la entrega de personas requeridas por tribunales extranjeros cuando existen tratados vigentes y se cumplen los requisitos legales. Cada caso pasa por un concepto de la Corte Suprema de Justicia antes de que el presidente autorice la entrega, según el procedimiento establecido.
Además de las cinco extradiciones firmadas, el presidente anunció que el Gobierno trabaja en la ubicación de otros dos prófugos que estarían vinculados a antiguos procesos de paz. De la Espriella señaló que la instrucción es que esos ciudadanos sean igualmente enviados a la justicia estadounidense para que respondan por los cargos que les imputan.
Las extradiciones a Estados Unidos han sido una herramienta habitual de la política judicial colombiana durante las últimas décadas, en especial en investigaciones por narcotráfico. Colombia es uno de los principales socios de Washington en este tipo de entregas, lo que ha generado tanto respaldos como críticas dentro y fuera del país.
La mención de prófugos vinculados a procesos de paz reabrió el debate sobre el alcance de los acuerdos de reintegración y los compromisos de sometimiento a la justicia. Sectores defensores del proceso han reclamado que quienes se acogieron no sean extraditados, mientras que otros sectores consideran que los delitos graves deben responder en cualquier jurisdicción.
Para los ciudadanos, el anuncio significa que familiares de los extraditables deberán enfrentar un proceso penal en el extranjero, con los costos y las distancias que eso implica. También significa que la cooperación judicial con Estados Unidos se mantiene como una línea activa de la política del nuevo Gobierno.
En lo institucional, el siguiente paso es la notificación formal a la Corte Suprema de Justicia para que emita el concepto correspondiente en cada uno de los cinco casos. Una vez surtido ese trámite, el Gobierno procederá a coordinar la entrega con las autoridades norteamericanas, según el procedimiento habitual.
Queda pendiente conocer los nombres de los extraditados, los delitos imputados y el estado de las pesquisas contra los dos prófugos señalados por el presidente. El Gobierno no entregó mayores detalles en el anuncio inicial, por lo que se esperan nuevos pronunciamientos en los próximos días.