El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, anunció que brindará asistencia jurídica y acompañamiento a las familias de los 17 exmilitares colombianos que se encuentran detenidos en Estados Unidos. Según la información publicada por El País, los exuniformados están vinculados a la investigación por el asesinato del expresidente de Haití.
La decisión fue comunicada como una orden directa del presidente. De acuerdo con la fuente, las instrucciones buscan garantizar que los detenidos tengan acceso a una defensa adecuada dentro del proceso judicial que se sigue en territorio estadounidense. El Gobierno también pidió apoyo consular y psicosocial para los familiares que permanecen en Colombia.
El caso se remonta a hechos ampliamente conocidos por la opinión pública internacional. En julio de 2021, un grupo armado asesinó al entonces presidente haitiano Jovenel Moïse en su residencia privada en Puerto Príncipe. La investigación posterior identificó la participación de ciudadanos colombianos, muchos de ellos con pasado militar, como parte del grupo que ejecutó el ataque.
Estados Unidos asumió un papel central en las pesquisas por su vínculo territorial y por la detención de varios sospechosos en su territorio. Colombia, por su parte, cooperó con información y permitió la captura de algunos implicados. El proceso judicial en suelo estadounidense ha avanzado durante los últimos años con múltiples audiencias y solicitudes de extradición.
La asistencia jurídica anunciada por el Gobierno colombiano se suma a los mecanismos habituales de protección consular. La Cancillería tiene la potestad de supervisar las condiciones de reclusión de los connacionales en el extranjero y de verificar el respeto al debido proceso. La Defensoría del Pueblo, en tanto, acompaña a las familias en el acceso a información y en la defensa de sus derechos.
Para los familiares de los detenidos, la noticia representa un giro en la posición oficial del Estado colombiano. Diversos sectores habían cuestionado la falta de un pronunciamiento más activo sobre las condiciones del proceso y la lentitud en la resolución del caso. La orden presidencial busca responder a esas demandas y unificar la atención a través de las entidades competentes.
El caso mantiene abiertas varias preguntas sobre la magnitud de la red que organizó el magnicidio, el rol de los exmilitares colombianos y las eventuales responsabilidades de otros actores. Las autoridades estadounidenses han señalado la posible participación de personas con formación de fuerzas especiales, aunque la defensa de los detenidos ha cuestionado las pruebas presentadas por la Fiscalía.
En lo inmediato, se espera que la Cancillería designe un equipo de abogados para el seguimiento del proceso y que se establezca un canal permanente de comunicación con los familiares. El Gobierno no entregó mayores detalles sobre los tiempos de respuesta ni sobre la instancia específica que coordinará la asistencia. La fuente consultada, El País, confirma que la instrucción presidencial ya fue impartida.