El presidente electo Abelardo de la Espriella le ordenó a su equipo de empalme interponer denuncias formales tanto en Colombia como en Estados Unidos por los supuestos vínculos del Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo, según informó El País. La instrucción marca el primer movimiento judicial de calado internacional del gobierno que asumirá el poder.
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es la mayor organización criminal del país y ha sido señalada en múltiples ocasiones de coordinar actividades de narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Estados Unidos la incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, lo que permite activar mecanismos de cooperación judicial con ese país.
La decisión se conoce en un momento sensible del proceso de transición. El empalme entre el gobierno saliente y el entrante suele limitarse a reuniones técnicas sobre presupuesto, contratación y funcionamiento de entidades. Que se anuncie una acción judicial en esta etapa rompe el protocolo habitual y agrega un componente político al relevo.
Al presentar la denuncia también en territorio estadounidense, el equipo de De la Espriella busca que las autoridades de ese país, incluida la DEA y el Departamento de Justicia, evalúen la información. Este tipo de acciones se apoya en figuras como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y en tratados bilaterales de asistencia legal mutua en materia penal.
Por ahora no se conocen los nombres de los funcionarios, exfuncionarios o contratistas que serían incluidos en las denuncias. Tampoco se detallaron las pruebas o los hechos concretos que sustentan la afirmación sobre los nexos con el Clan del Golfo. El País reportó la orden, pero el alcance documental depende de lo que el equipo de empalme presente en las próximas semanas.
Desde el Gobierno Petro no ha habido, hasta el momento de la publicación de la nota, una respuesta oficial sobre esta denuncia anunciada. En anteriores ocasiones, voceros del gobierno saliente han rechazado señalamientos que los relacionan con grupos armados ilegales y han sostenido que su política de 'paz total' apunta precisamente a desarticular estas estructuras.
Para la ciudadanía, el anuncio abre un frente adicional en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, dos temas que suelen aparecer en las encuestas como las principales preocupaciones de los colombianos. La existencia o no de conexiones entre funcionarios y estructuras criminales es un asunto que compete a la justicia ordinaria y a los organismos de control.
En el plano institucional, la movida pone a prueba la independencia de la Fiscalía General de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz, entidades que podrían recibir las denuncias. También reactiva el debate sobre los límites entre el ejercicio de la oposición política y el uso del aparato judicial para dirimir controversias.
Quedan pendientes varios puntos clave: el contenido exacto de las denuncias, la lista de eventuales vinculados, los plazos de presentación ante las fiscalías de Colombia y ante las autoridades de Estados Unidos, y la respuesta formal del gobierno saliente. El resultado de estas acciones se conocerá en los próximos meses, ya con De la Espriella en la Casa de Nariño.