El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno pondrá en marcha, esta misma semana, operativos conjuntos entre la Policía Nacional y Migración Colombia dirigidos a expulsar del país a dos perfiles de extranjeros: quienes estén cometiendo delitos y quienes no tengan regularizada su situación migratoria. El anuncio fue recogido por el diario EL PAÍS en una declaración directa del primer mandatario.
Según la misma fuente, el jefe de Estado calificó la determinación como una "decisión política" y advirtió a los indocumentados que "se van", frase con la que buscó resumir el carácter inmediato de la orden. Con esas palabras, el presidente fijó un tono de firmeza frente al fenómeno migratorio y puso el acento en el componente de seguridad ciudadana como detonante principal de las acciones.
La instrucción involucra a dos instituciones del Estado con roles distintos pero complementarios. La Policía Nacional tiene a su cargo las funciones de vigilancia, control del orden público y atención de hechos delictivos en el territorio. Migración Colombia, por su parte, es la autoridad competente para verificar la condición de permanencia de los extranjeros, adelantar los procesos administrativos de expulsión y ejecutar las deportaciones, en coordinación con las autoridades de los países de origen.
El anuncio se inscribe en una discusión de largo aliento en Colombia sobre la migración venezolana, que desde 2015 registró un crecimiento sostenido y se convirtió en uno de los flujos migratorios más grandes de la región. La presencia de extranjeros sin documentos vigentes y la comisión de delitos por parte de algunos de ellos han sido temas recurrentes en la agenda política, con voces que piden controles más estrictos y otras que defienden la regularización como vía para mejorar la convivencia.
Para los ciudadanos colombianos, la medida puede traducirse en operativos visibles en zonas urbanas con alta presencia de población migrante, controles en terminales de transporte, fronteras y pasos informales. El impacto inmediato se sentirá en los extranjeros en condición irregular, que pueden ser conducidos a centros de tránsito y luego deportados, y en las comunidades que conviven con ellos, donde el miedo a ser desplazados o estigmatizados puede incrementarse.
El componente penal del anuncio agrega una arista de seguridad. Cuando se trata de extranjeros vinculados a investigaciones por delitos, el procedimiento incluye el cruce de información entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial y Migración Colombia, así como la verificación de antecedentes. Las autoridades deben respetar el debido proceso, lo que en la práctica puede traducirse en retenciones temporales antes de una expulsión efectiva.
En materia de derechos humanos, organizaciones como la Defensoría del Pueblo suelen recordar que cualquier operativo de deportación debe observar las garantías de los migrantes, incluidos los grupos vulnerables como menores de edad, mujeres embarazadas, personas mayores y solicitantes de refugio. El Gobierno no ha detallado hasta ahora protocolos específicos, aunque la coordinación interinstitucional ordenada por el presidente apunta a estandarizar el procedimiento.
Entre los puntos que quedan abiertos están el número aproximado de personas que serían objeto de las medidas, los países con los que se coordinarán los vuelos de deportación, los criterios operativos que se aplicarán para distinguir a quienes delinquen de quienes solo carecen de documentos, y la ruta de atención para los migrantes que sí quieran regularizarse antes de la fecha señalada. El Ejecutivo tampoco ha precisado cómo se financiarán los operativos ni si habrá articulación con gobiernos locales.
La decisión se conoce en medio de una presión creciente por hechos de seguridad que las autoridades atribuyen, en algunos casos, a estructuras criminales transnacionales. Sectores productivos que dependen de mano de obra extranjera, especialmente en regiones agrícolas y de servicios, estarán atentos al efecto de los operativos sobre su fuerza laboral, mientras que sectores políticos esperan el parte oficial de resultados para evaluar la eficacia del anuncio presidencial.