El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la realización de operativos coordinados con la Policía Nacional para deportar a migrantes que se encuentren en situación irregular en Colombia. Así lo reportó el medio Primicias, que señaló que las acciones arrancarán con los extranjeros que hayan cometido delitos.
La decisión se enmarca en el ejercicio de la autoridad migratoria del Estado colombiano, competencia que recae en el Ejecutivo a través de entidades como Migración Colombia. Hasta ahora no se han precisado públicamente el número de personas alcanzadas por la medida, las nacionalidades involucradas ni los plazos de ejecución.
Colombia es uno de los principales receptores de población migrante en la región, en especial de ciudadanos venezolanos que han ingresado al país en los últimos años por razones económicas y sociales. El fenómeno ha supuesto retos en materia de empleo, salud, educación y seguridad en ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta.
La instrucción presidencial establece un primer criterio de priorización: los migrantes con antecedentes penales. Esto implica que las fuerzas de seguridad deberán cruzar bases de datos de la Policía con los registros de la autoridad migratoria para identificar a las personas objeto de los procedimientos de deportación.
Para los migrantes en condición irregular sin antecedentes judiciales, el Gobierno no ha detallado por el momento si serán objeto de procedimientos administrativos ordinarios o si quedarán en una fase posterior de los operativos. La política migratoria del país contempla procesos de regularización, permanencia y expulsión regulados por estatuto específico.
Las deportaciones en Colombia se rigen por el Estatuto Migratorio vigente y por los compromisos internacionales suscritos por el Estado en materia de derechos humanos. Cualquier procedimiento de expulsión debe respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y los principios de no devolución, según la normativa aplicable.
La decisión genera expectativa en distintos sectores. Organizaciones defensoras de derechos de los migrantes suelen pedir que las expulsiones se realicen con apego a las garantías legales. Sectores vinculados a la seguridad y al control fronterizo, en cambio, suelen respaldar medidas que buscan depurar los flujos migratorios irregulares.
En el plano regional, la medida se conoce en un contexto de cooperación y tensiones simultáneas entre países sudamericanos por el manejo de los flujos migratorios. Colombia comparte más de dos mil kilómetros de frontera con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá, lo que convierte la política migratoria en un asunto de seguridad regional.
Por ahora, la ciudadanía y los propios migrantes esperan los lineamientos operativos, los lugares donde se ejecutarán los procedimientos y los protocolos que la Policía seguirá en las capturas y traslados. La Presidencia y Migración Colombia deberán difundir los detalles en los próximos días.