El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció una revisión nacional de los sistemas de fotomultas que operan en distintas ciudades del país. La medida responde a la detección de presuntas irregularidades en la expedición de órdenes de comparación, el documento con el que se notifica al conductor sobre una posible infracción captada por cámaras.
De acuerdo con la información conocida, alrededor de 40.000 órdenes habrían sido generadas de manera irregular en el marco de estos sistemas automatizados. Las fotomultas funcionan con cámaras y dispositivos electrónicos que registran presuntas infracciones de tránsito, como excesos de velocidad o cruces en semáforo rojo, y emiten posteriormente la sanción correspondiente.
Según el propio presidente, uno de los primeros resultados concretos de esta revisión se presentó en el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca. Allí las autoridades impidieron la entrada en funcionamiento de un sistema de fotodetección que, al ser evaluado, no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por la normatividad vigente.
Los sistemas de fotomultas han estado bajo cuestionamiento en distintos períodos por la forma como se contratan y por la confiabilidad de la tecnología utilizada. Críticas ciudadanas y de organizaciones de defensa del conductor han señalado, en otras ocasiones, posibles errores de calibración, falta de señalización previa y dudas sobre la transparencia en los procesos de adjudicación de los contratos.
La revisión ordenada por el presidente busca establecer si los dispositivos actualmente en operación cumplen con los estándares técnicos requeridos y si los procedimientos administrativos seguidos para imponer las multas se ajustan al debido proceso. Esto incluye aspectos como la verificación de los equipos, la cadena de custodia de las pruebas y la correcta notificación a los conductores.
Para los ciudadanos, la decisión tiene implicaciones directas. Quienes hayan recibido órdenes de comparación en los últimos meses podrían ver revisada la validez de sus sanciones. También quedan en suspenso nuevas multas que dependen de sistemas que aún no han sido evaluados por las autoridades competentes dentro de este proceso de auditoría.
La medida llega en un momento en el que los recursos derivados de las multas de tránsito son una fuente importante de ingresos para algunos municipios del país. De ahí que cualquier ajuste en los sistemas de fotodetección tenga efectos sobre las finanzas locales, además de su impacto en la cultura vial y en la relación entre las autoridades de tránsito y los conductores.
Por ahora, el gobierno no ha precisado un cronograma detallado de la revisión ni cuántos sistemas serán inspeccionados en esta primera fase. Tampoco se conoce si se contemplan mecanismos masivos para que los ciudadanos puedan consultar el estado de sus órdenes o solicitar la revisión individual de cada comparendo. Queda pendiente que las autoridades competentes informen los pasos a seguir y los plazos para esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas.