El presidente Abelardo De La Espriella impartió la orden de trasladar a 76 personas detenidas por sus presuntos vínculos con la estructura 'Los Pachenca' hacia cárceles de máxima seguridad. El objetivo, según el extracto oficial, es impedir que estos internos continúen impartiendo instrucciones desde los centros de reclusión ubicados en el Caribe colombiano.
Los Pachenca son señalados por las autoridades como una organización criminal con presencia en esa región del país, dedicada a actividades ligadas al narcotráfico y otras economías ilícitas. Su influencia al interior de varias cárceles ha sido motivo recurrente de alertas por parte de organismos de seguridad y de control penitenciario en años recientes.
La figura del traslado a centros de reclusión de alta seguridad es una herramienta contemplada en el ordenamiento penitenciario colombiano para casos en los que un detenido representa un riesgo para la seguridad de los penales o para la convivencia al interior de los mismos. Su aplicación requiere decisiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y del Ministerio de Justicia.
Con esta directriz, la Casa de Nariño busca cortar la cadena de mando que, según investigaciones de inteligencia, se mantiene activa desde los patios y pabellones de las cárceles del Caribe. Expertos en seguridad han advertido que las organizaciones criminales utilizan teléfonos celulares y visitas para mantener el control sobre sus redes en los territorios.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por el hacinamiento carcelario y por la entrada de armas, drogas y dispositivos electrónicos a las prisiones del país. Distintos informes del Inpec han señalado que la extorsión desde las celdas es una de las fuentes principales de financiamiento de estructuras como 'Los Pachenca'.
Para la población civil del Caribe colombiano, el impacto se mide en una posible reducción de acciones extorsivas, Sicariato y tráfico de drogas en municipios donde la estructura tiene presencia, particularmente en zonas rurales y urbanas de difícil control. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de la capacidad del Estado para sostener la seguridad en los penales.
Voceros del Gobierno han insistido en que la instrucción responde a una política de tolerancia cero frente a la comisión de delitos desde las cárceles. La directriz presidencial fija un precedente operativo para el tratamiento de líderes de organizaciones criminales que conservan su poder de coordinación aún estando privados de la libertad.
En las próximas horas se espera que el Inpec y la Policía Nacional informen sobre el plan operativo de traslados, los centros de destino y el dispositivo de seguridad que acompañará el movimiento de los internos. La ciudadanía y los organismos de control estarán atentos al cumplimiento efectivo de la orden dentro de los plazos establecidos por el Gobierno nacional.