El presidente Abelardo De la Espriella ordenó el traslado de la creadora de contenido conocida como Epa Colombia desde un centro de reclusión en Bogotá hacia la cárcel de Ibagué. La medida fue comunicada por el Gobierno como parte de un operativo más amplio de movimientos de personas privadas de la libertad.
De forma simultánea, las autoridades realizaron el traslado de 103 internos que se encontraban en la cárcel de Itagüí. Con ese operativo, el Gobierno busca reorganizar la población carcelaria en distintos establecimientos del país y atender situaciones específicas dentro de los penales.
Según lo informado por fuentes oficiales, la decisión sobre Epa Colombia se habría adoptado por los privilegios que, en criterio del Ejecutivo, la influenciadora tenía en el centro de reclusión donde permanecía en Bogotá. El Gobierno no entregó, en el extracto disponible, un detalle público de cuáles serían esos privilegios.
Epa Colombia cumple una condena tras haber sido judicializada por hechos ampliamente conocidos en el país y que han sido objeto de seguimiento por parte de medios y de opinión pública. Su situación dentro del sistema penitenciario había sido tema de debate, particularmente por las condiciones de reclusión y por el tratamiento diferenciado que se le habría otorgado.
El Inpec y la administración penitenciaria son las entidades encargadas de ejecutar los traslados de internos entre los distintos centros de reclusión del país. Estos movimientos se realizan por razones de seguridad, de capacidad, de resocialización o por situaciones disciplinarias, y requieren el cumplimiento de protocolos logísticos y judiciales.
La cárcel de Itagüí, desde donde se movilizaron 103 personas privadas de la libertad, es uno de los establecimientos del sistema penitenciario colombiano que ha registrado históricamente problemas de hacinamiento y de condiciones internas. Los traslados desde esa prisión forman parte de las acciones que el Gobierno ha venido implementando para descongestionar los penales.
El movimiento simultáneo de internos en distintos puntos del país refleja la política de reorganización carcelaria que adelanta el Ejecutivo, centrada en reducir privilegios, distribuir la población entre los centros disponibles y fortalecer el control al interior de los penales.
La ciudadanía sigue de cerca el caso por la visibilidad mediática de la influenciadora y por las implicaciones que este tipo de decisiones tienen sobre el principio de igualdad de trato entre los internos. Analistas del sector justicia han señalado que la discusión sobre los privilegios en las cárceles trasciende a un solo caso y se extiende al conjunto del sistema penitenciario.
Por ahora, no se conocieron pronunciamientos públicos de la defensa de Epa Colombia frente al traslado. Queda pendiente conocer el detalle de los protocolos seguidos y las condiciones en las que se realizará la reclusión en la cárcel de Ibagué, así como el destino de los 103 internos que salieron de Itagüí.