El presidente Abelardo De La Espriella pidió al Ministerio de Transporte revisar el funcionamiento y la legalidad de las fotomultas instaladas en Colombia, según reportó KienyKe. El anuncio coloca en el centro de la discusión al sistema de detección electrónica de infracciones que opera en varias ciudades del país.
Las fotomultas son cámaras y dispositivos automáticos que registran presuntas violaciones a las normas de tránsito, como exceso de velocidad, cruce en semáforo en rojo o invasión de carril. Una vez captadas, las imágenes se traducen en comparendos que se notifican al propietario del vehículo y que pueden incluir sanciones económicas.
El sistema funciona desde hace varios años y está a cargo de alcaldías y secretarías de Movilidad en coordinación con el Ministerio de Transporte y otras entidades. Los recursos obtenidos por concepto de multas se destinan, según la normatividad vigente, a programas de seguridad vial y a financiar la operación de las propias autoridades de tránsito.
En distintas ciudades, ciudadanos y organizaciones han cuestionado el proceder de las fotomultas. Las quejas frecuentes incluyen errores en la identificación de placas, notificaciones extemporáneas y dudas sobre el proceso para impugnar las sanciones. También se ha debatido si los equipos utilizados cumplen con los requisitos técnicos y de calibración exigidos por la ley.
La solicitud del presidente se dirige específicamente al Ministerio de Transporte, que es la entidad competente para formular la política nacional en materia de tránsito y para expedir las regulaciones aplicables a los sistemas de detección electrónica. La cartera deberá evaluar si los dispositivos operan conforme al marco legal y técnico vigente.
De acuerdo con la información publicada por KienyKe, el objetivo de la revisión es establecer si el sistema de fotomultas cumple con los estándares legales y operativos actuales. El Ministerio de Transporte es la entidad encargada de adelantar ese análisis y de definir los ajustes que puedan derivarse del mismo.
El anuncio tiene efectos prácticos para los conductores y para los municipios. Si la revisión concluye que existen irregularidades en los equipos o en los procedimientos, las autoridades podrían verse obligadas a recalibrar dispositivos, suspender sanciones o revisar comparendos ya impuestos, lo que podría modificar el flujo de ingresos por multas que reciben algunas ciudades.
La medida también pone sobre la mesa la relación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales de tránsito. Las fotomultas son operadas por los municipios, pero su regulación depende en buena parte del Ministerio de Transporte, por lo que cualquier decisión de alcance nacional requerirá coordinación con alcaldes y secretarías de Movilidad.
Por ahora se desconoce el plazo concreto para la entrega de los resultados de la revisión. El Ministerio de Transporte deberá definir el cronograma del análisis y, con base en sus conclusiones, determinar si se requieren cambios normativos, operativos o técnicos en el sistema de fotomultas que opera en el país.
El tema queda en el debate público y será objeto de seguimiento por parte de conductores, autoridades locales y organismos de control. La ciudadanía estará atenta a los resultados del proceso y a las eventuales modificaciones que puedan aplicarse al régimen vigente de sanciones por infracciones de tránsito detectadas de manera automática.