El presidente Abelardo De La Espriella reunió a la nueva cúpula militar y de Policía para fijar el rumbo de la política de seguridad. Según la revista Semana, la directriz central es que las disidencias de las FARC sean tratadas como grupos terroristas, sin contemplar escenarios de diálogo con esas estructuras.
La instrucción se conoce como las primeras directrices oficiales del nuevo gobierno en materia de orden público. El mensaje transmitido fue directo: no habrá espacio para diálogos con esos grupos armados, una posición que contrasta con los acercamientos que gobiernos anteriores sostuvieron con distintos frentes disidentes.
Las Fuerzas Militares y la Policía designadas en el nuevo mando tendrán como tarea central ejecutar operaciones contra las estructuras que se apartaron del Acuerdo de Paz de 2016. La orden presidencial busca que la fuerza pública actúe bajo un mismo criterio frente a esos grupos, sin diferenciar entre facciones que se sumaron al proceso y las que nunca lo hicieron.
El tratamiento como "terroristas" tiene implicaciones jurídicas y operativas. En Colombia, esa calificación suele habilitar el uso de herramientas especiales de investigación, captura y judicialización, y refuerza la cooperación internacional en inteligencia y financiación. También modifica la lectura política sobre cualquier intento futuro de negociación.
La decisión llega en un contexto de violencia persistente en regiones como Cauca, Catatumbo, Putumayo y Arauca, donde distintos frentes disidentes mantienen el control de economías ilícitas y disputan territorio con el Estado. La nueva cúpula deberá evaluar cómo se reasignan tropas, recursos y operaciones para cumplir la directriz sin descuidar otros focos de inseguridad.
Sectores políticos y sociales suelen reaccionar de manera distinta ante este tipo de anuncios. Mientras defensores de la línea dura celebran el rechazo al diálogo, organizaciones de víctimas y voceros de derechos humanos piden claridad sobre los protocolos de uso de la fuerza y las garantías para la población civil en las zonas de influencia de esas estructuras.
Desde el gobierno también se anticipó que se trazarán metas medibles en reducción de atentados, secuestro, extorsión y control territorial. Los primeros cien días serán clave para evaluar si las órdenes se traducen en resultados visibles o si chocan con las capacidades logísticas actuales de las Fuerzas Armadas.
Por ahora, el mensaje central es político y operativo al mismo tiempo. Colombia amanece con una postura presidencial clara: las disidencias, para este gobierno, son grupos terroristas y la vía es la confrontación militar directa, según reportó Revista Semana.