El presidente Abelardo De La Espriella giró una orden directa al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para trasladar a más de 20 personas privadas de la libertad, según informó NTN24. Una vez lleguen a Bogotá, durante los quince días siguientes serán distribuidas en distintos establecimientos penitenciarios del país.
De La Espriella calificó a los trasladados como "bandidos" y sostuvo que con esta decisión se terminaron las "zonas de confort" en las cárceles. La declaración fue hecha por el propio presidente y recogida por NTN24, que es la fuente de esta información.
El INPEC es la entidad adscrita al Ministerio de Justicia encargada de la guarda y custodia de las personas sindicadas y condenadas en Colombia. Opera los centros de reclusión del orden nacional y ejecuta las decisiones judiciales sobre ubicación, régimen y traslado de internos. Por norma, cualquier cambio de establecimiento debe respetar los fallos de los jueces de ejecución de penas y los criterios del sistema penitenciario.
El anuncio se inscribe en la línea de política de seguridad del nuevo gobierno, que ha puesto el orden en las cárceles entre sus prioridades. En los últimos años distintos informes han señalado problemas de hacinamiento, condiciones de reclusión y manejos irregulares en varios penales del país, lo que explica la sensibilidad política del tema.
El término "zonas de confort" suele usarse en el debate público para referirse a beneficios no autorizados dentro de las cárceles, como acceso a comunicaciones, comodidades o condiciones de vida por encima del régimen ordinario. La afirmación presidencial apunta a que, con la redistribución, esos privilegios se reducirían, aunque corresponde al INPEC y a las autoridades competentes precisar qué situaciones concretas se busca corregir.
Para los ciudadanos, una decisión de este tipo tiene efectos en al menos dos frentes. Por un lado, la política carcelaria impacta la seguridad urbana, porque desde las prisiones se han coordinado actividades delictivas en el pasado. Por otro lado, el sistema penitenciario colombiano arrastra déficits estructurales de capacidad y de vigilancia que condicionan cualquier reubicación masiva.
El gobierno no ha detallado hasta ahora, según la fuente, los nombres de los trasladados ni los penales de origen y destino. Esa información suele entregarse en los comunicados oficiales del INPEC o en las resoluciones firmadas por la Dirección General, que son las instancias donde se formaliza cada traslado.
Queda pendiente conocer los criterios técnicos que aplicará el INPEC para la redistribución, los plazos internos de cada desplazamiento y si la decisión irá acompañada de medidas adicionales en materia de régimen carcelario, control de comunicaciones y revisión de beneficios administrativos dentro de los penales.
Por ahora, la orden presidencial marca un giro en el manejo de las cárceles durante el gobierno de De La Espriella y abre el debate sobre el equilibrio entre la política de seguridad, los derechos de las personas privadas de la libertad y la capacidad operativa del sistema penitenciario colombiano.