El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, impartió una orden directa al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que sus funcionarios ingresaran a la celda del interno conocido como Kiko Gómez, según informó Revista Semana. La instrucción se produjo tras confirmarse que dentro del pabellón había un celular no permitido, elemento con el que, según la denuncia inicial, se habrían adelantado amenazas contra magistrados.
De acuerdo con el reporte, el hallazgo del teléfono encendió las alarmas en el Gobierno porque la existencia de dispositivos de comunicación al interior de los patios vulnera los protocolos de seguridad de los establecimientos penitenciarios. La presencia de un celular en manos de un detenido con causas pendientes ante la justicia representa, además, un riesgo para la integridad de los funcionarios judiciales que intervienen en esos procesos.
Kiko Gómez es un nombre que ha figurado en expedientes judiciales de alto perfil en Colombia. Aunque el extracto de la fuente no detalla las causas que enfrenta, el hecho de que se mencionen amenazas contra magistrados ubica el caso en el terreno de los delitos contra la administración de justicia, una categoría que el Código Penal colombiano castiga con penas severas.
El Inpec, como entidad adscrita al Ministerio de Justicia, tiene dentro de sus competencias la custodia, vigilancia y control de las personas privadas de la libertad. Entre sus facultades está la de requisar los pabellones, decomisar elementos prohibidos y aplicar sanciones disciplinarias a los internos. Que el presidente de la República haya ordenado de manera directa el procedimiento sugiere, según el tono del reporte, una preocupación específica por la reincidencia en las fallas de control al interior del penal.
El Mandatario fue más allá del decomiso del aparato. En sus declaraciones recogidas por la fuente, advirtió que, si la situación lo amerita, el interno será trasladado a otro centro de reclusión. Un cambio de cárcel puede obedecer a razones de seguridad, pero también a la necesidad de cortar el acceso a redes de apoyo externas que un interno pueda mantener desde un patio determinado.
La situación reaviva el debate sobre el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles del país, un asunto que en los últimos años ha sido motivo de investigaciones por parte de la Procuraduría y la Contraloría. Los celulares en poder de presos de alta peligrosidad han facilitado, según expedientes conocidos por la opinión pública, la coordinación de actividades ilícitas y la intimidación a testigos y operadores judiciales.
La reacción del Gobierno llegó en un momento sensible: la propia Rama Judicial ha denunciado en otras ocasiones la difícil situación de seguridad que enfrentan magistrados y fiscales amenazados. La orden presidencial busca enviar un mensaje sobre la protección de quienes imparten justicia, un principio contemplado en la Constitución y en los compromisos internacionales que Colombia ha ratificado en materia de independencia judicial.
Queda por establecer qué sanciones disciplinarias internas se impondrán al recluso dentro del proceso administrativo que adelante el Inpec, y si la Fiscalía abrirá una investigación penal paralela por las amenazas denunciadas. La fuente consultada no precisa si hasta el momento se han formulado cargos adicionales al interno ni si se han identificado a los posibles destinatarios de las supuestas intimidaciones. Estos puntos quedan pendientes de confirmación en los siguientes días.