El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado de 20 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá. La decisión, reportada por la Revista Semana, fue presentada como una acción directa contra lo que el Gobierno denominó zonas de confort al interior de los penales.
De acuerdo con la información publicada, el objetivo declarado de la orden presidencial es impedir que quienes están privados de la libertad puedan continuar delinquiendo desde los centros de reclusión. El traslado masivo hacia otra ciudad busca cortar los lazos logísticos y operativos que, según el Ejecutivo, facilitaban esas actividades ilícitas dentro de la cárcel de origen.
El Inpec es la autoridad encargada de la guardia, vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad en Colombia, además de administrar los establecimientos carcelarios del país. Sus funciones incluyen la clasificación de internos, la gestión de la seguridad perimetral y el control de las condiciones de reclusión, por lo que cualquier orden de traslado masivo debe coordinarse con esa entidad, que opera como brazo operativo del Ministerio de Justicia.
La medida se enmarca en una línea de política carcelaria que, en distintos gobiernos, ha recurrido al traslado de internos como herramienta para enfrentar hechos de violencia, corrupción o actividades criminales detectadas al interior de las cárceles. Casos pasados en el sistema penitenciario colombiano han mostrado la persistencia de redes de extorsión, tráfico de armas y comunicación con estructuras criminales desde los patios de los penales.
Los traslados de internos a ciudades distintas a las del lugar de origen suelen tener efectos prácticos sobre la vida de las familias de los reclusos, que deben asumir mayores costos y distancias para las visitas. También implican un reto logístico para el Inpec, que debe garantizar condiciones de seguridad durante el operativo de desplazamiento y cupos disponibles en las penitenciarías de destino.
La acción presidencial fue divulgada a través de medios de comunicación y no mediante un decreto o comunicado oficial citado en la fuente. La Revista Semana es el medio que reportó tanto la orden como el número específico de internos trasladados y los argumentos del Gobierno para justificar la decisión.
Por ahora, no se conoce de reacciones públicas de organizaciones de derechos humanos ni de la Defensoría del Pueblo sobre esta orden de traslado. Tampoco se detallaron en la fuente los nombres de los internos afectados, los delitos por los que fueron condenados ni los penales específicos de origen y destino dentro de la red carcelaria bogotana.
El Gobierno no explicó en la información publicada qué criterios se usaron para seleccionar a las 20 personas trasladadas ni cómo se evaluaron las supuestas zonas de confort que se busca eliminar. La instrucción deja en el Inpec la responsabilidad de ejecutar los traslados y de reportar los resultados, en medio de un debate permanente sobre las condiciones del sistema carcelario colombiano.