El presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden de crear un Bloque de Búsqueda Anticorrupción, una estructura institucional diseñada para concentrar esfuerzos contra hechos de corrupción en el país. La información fue publicada por El País, que dio a conocer la directriz presidencial el mismo día de su anuncio.
Según el extracto de la fuente, la nueva estructura contará con capacidades de Policía Judicial, inteligencia, Uiaf y Dian. Estas cuatro piezas definen el alcance operativo del bloque: investigación criminal, análisis de inteligencia, rastreo financiero y control aduanero y tributario.
La orden se conoció con la consigna “caiga quien caiga”, una expresión que el Ejecutivo ha usado para señalar que la persecución penal no se detendrá por considerations de cargo o cercanía política. Esa frase marca el tono del anuncio y se convirtió en el eje comunicativo de la decisión.
La Policía Judicial, usualmente asociada a la Dijín de la Policía Nacional, se encarga de apoyar a la Fiscalía en la investigación de delitos. Integrarla al bloque implica que las indagaciones por hechos de corrupción contarán con personal especializado en recolección de evidencia y criminalística desde el inicio.
La presencia de la Uiaf, unidad adscrita al Ministerio de Hacienda, refuerza el componente financiero del bloque. Esta entidad analiza reportes de operaciones sospechosas y produce insumos de inteligencia financiera que suelen alimentar procesos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contratación irregular.
La Dian, por su parte, aporta el componente tributario y aduanero. Su participación en el bloque abre la puerta a cruces de información sobre facturación, declaraciones de renta y operaciones de comercio exterior, datos que en investigaciones pasadas han servido para identificar patrones de ocultamiento de patrimonio.
En conjunto, las tres entidades conformarían un circuito de inteligencia, financiero y fiscal alrededor de la Policía Judicial. El modelo sigue el esquema de los antiguos bloques de búsqueda, creados en su momento para localizar a cabecillas de grupos armados, pero ahora aplicados a redes de corrupción.
La creación del bloque responde a una prioridad reiterada por el Gobierno: fortalecer la capacidad del Estado para llevar a la justicia a funcionarios y contratistas involucrados en hechos de corrupción. Aunque la fuente no precisa un cronograma ni casos específicos, la orden ya constituye un lineamiento para las entidades involucradas.
Para la ciudadanía, el anuncio implica que denuncias, reportes y alertas ciudadanas podrían canalizarse hacia un equipo único con más herramientas técnicas. El reto, según expertos en transparencia consultados en otras ocasiones, es que la articulación interinstitucional se mantenga en el tiempo y produzca resultados visibles.
Queda pendiente conocer el decreto o acto administrativo que formalice la estructura, los recursos asignados y el mando operativo. La fuente consultada confirma la orden presidencial, pero no detalla aún los siguientes pasos administrativos ni el nombre del funcionario que liderará el bloque.