El presidente Abelardo de la Espriella instruyó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que disponga bienes bajo su administración y los entregue a familias damnificadas por el terremoto que golpeó al Valle del Cauca. La orden fue comunicada de manera directa a la directora de la entidad, según reportó El País.
Como parte del mandato, la funcionaria dispone de una semana para revisar el estado de los activos disponibles y dejarlos listos para su entrega. El plazo de siete días busca acelerar la respuesta del Estado en una zona donde las familias perdieron vivienda y enseres por los movimientos telúricos.
La SAE es la entidad estatal responsable de administrar, conservar y disponer los bienes que han sido objeto de extinción de dominio, así como otros activos bajo custodia del Estado. Su inventario suele incluir inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos comerciales que pueden tener distintos usos, incluida la atención social en emergencias.
El terremoto que sacudió al Valle del Cauca dejó personas afectadas en varios municipios. Las autoridades locales han reportado daños en viviendas, infraestructura vial y servicios básicos. La entrega de bienes administrados por la SAE se suma a las acciones de atención humanitaria que ya venían realizando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los gobiernos departamental y municipal.
La instrucción presidencial se enmarca en la respuesta institucional frente a una emergencia catalogada como desastre natural. Entregar activos del Estado a damnificados es una figura contemplada en la ley para situaciones excepcionales, y permite dar un uso social temporal o definitivo a bienes que de otra forma permanecerían improductivos.
Para los habitantes del Valle del Cauca, principalmente para quienes perdieron su vivienda, la medida representa una posible solución habitacional inmediata. En zonas rurales y municipios pequeños, acceder a una casa o a un predio en condiciones normales puede tardar meses por la oferta limitada del mercado inmobiliario.
La SAE deberá definir durante esta semana qué bienes se encuentran en condiciones de ser habitados, su ubicación y si están libres de procesos judiciales que limiten su disposición. También tendrá que coordinar con las alcaldías y la Gobernación del Valle el listado de familias priorizadas, según la magnitud de los daños reportados.
La decisión se conoce mientras continúan las evaluaciones de los daños estructurales en los municipios afectados y se cuantifican las pérdidas en el sector productivo, sobre todo en cafetales y zonas de agricultura familiar. El Gobierno ha señalado que la atención a los damnificados se mantendrá hasta que se restablezcan las condiciones mínimas de vida en la región.
Queda por verse cuántos bienes efectivamente se entregarán, en qué plazos y bajo qué modalidad. La ciudadanía espera que, una vez culminada la verificación de la SAE, la entrega se haga de manera transparente, con criterios públicos y con acompañamiento de los organismos de control para evitar irregularidades.