El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una ofensiva para enfrentar el robo de crudo y combustibles en Colombia. La directriz fue anunciada en un pronunciamiento público en el que entregó una cifra preocupante sobre el volumen de lo que se pierde cada mes en esta actividad ilegal.
De la Espriella advirtió que cada mes serían sustraídos cerca de 123.700 barriles de combustibles y crudo. Ese volumen, según expuso, no sale del país por canales formales ni paga impuestos, y termina financiando economías criminales que operan a lo largo de la cadena productiva de los hidrocarburos.
En su intervención, el mandatario habló de una conexión entre el robo de hidrocarburos y el narcotráfico. Esa relación, dijo, permite a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas obtener combustible a menor costo para mover sus operaciones, incluyendo laboratorios, aeronaves y caravanas terrestres.
El robo de crudo y combustibles en Colombia es un problema de larga data. Tradicionalmente se concentra en zonas cercanas a oleoductos, poliductos y campos de producción, donde grupos armados ilegales perforan ductos o interceptan carrotanques para desviar el producto. La práctica afecta tanto a Ecopetrol como a los operadores privados y genera riesgos ambientales por derrames.
La ofensiva ordenada por el presidente involucra a la Fuerza Pública y a los organismos de inteligencia del Estado. El objetivo, según el anuncio, es atacar simultáneamente los puntos de extracción ilegal, las rutas de distribución y las estructuras financieras que lavan el dinero producto de este delito.
El anuncio tiene implicaciones directas para las regiones productoras de hidrocarburos. Departamentos como Putumayo, Arauca, Norte de Santander y zonas del Magdalena Medio suelen ser los más golpeados por este flagelo, donde comunidades enteras conviven con la presencia de grupos armados que controlan el negocio.
Para los ciudadanos, el robo de combustibles y crudo se traduce en dos efectos concretos. El primero es el riesgo de accidentes y contaminación por la manipulación artesanal de ductos. El segundo es el alza en el precio de los combustibles, porque las empresas afectadas trasladan las pérdidas a los consumidores finales en las estaciones de servicio.
El pronunciamiento presidencial llega en un momento en el que el país debate el rumbo de la política de seguridad. Sectores políticos y económicos han pedido acciones más contundentes contra el crimen organizado, y la lucha contra el robo de hidrocarburos se suma a la lista de prioridades del Ejecutivo.
Queda pendiente conocer los detalles operativos de la ofensiva, las zonas donde se concentrarán los operativos y los resultados que el Gobierno espera obtener en el corto plazo. También se espera claridad sobre el papel que jugará Ecopetrol y la cooperación con autoridades regionales en las zonas más afectadas.