El presidente Abelardo de la Espriella dio la orden de desplegar una ofensiva militar dirigida a combatir el hurto de combustibles y crudo en Colombia. El anuncio fue realizado en un acto oficial y reportado por el medio Infobae, que recogió las declaraciones del primer mandatario.
De acuerdo con los datos entregados por el jefe de Estado, cada mes se estarían robando cerca de 123.700 barriles de gasolina, diésel y nafta, tanto importados como producidos por Ecopetrol. Si esa tendencia se mantiene, el volumen anual superaría 1,5 millones de barriles, según el reporte de Infobae.
El impacto económico estimado, también citado por el presidente, pasaría de 500.000 millones de pesos. La sustracción de combustibles no solo afecta a la empresa estatal, sino también al fisco, pues reduce el recaudo de impuestos y el margen de operación del sector petrolero.
Durante su intervención, de la Espriella advirtió que las redes dedicadas a este delito tienen vínculos con el narcotráfico. Esa conexión, según su señalamiento, le da a las organizaciones criminales una fuente adicional de recursos para financiar otras actividades ilícitas.
Ecopopetrol es la empresa más grande del sector de hidrocarburos en Colombia y la principal productora de crudo y refinados del país. El robo de combustibles en oleoductos, poliductos y carrotanques es un problema de vieja data en regiones como el Catatumbo, el Magdalena Medio y el Putumayo, donde grupos armados han hecho de esta práctica una fuente estable de ingresos.
La orden de ofensiva militar implica que las Fuerzas Armadas reforzarán operativos en zonas de producción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. También se espera coordinación con la Policía, la Fiscalía y las autoridades ambientales, que suelen intervenir cuando hay derrames o afectación a fuentes de agua.
Para los ciudadanos, el asunto tiene efectos directos. Cuando se roban combustibles, parte del producto termina en el mercado informal, donde se vende a precios más bajos pero sin calidad garantizada. También puede generar accidentes en puntos de extracción clandestina, que suelen operar sin medidas de seguridad.
El robo de crudo tiene antecedentes recientes en Colombia. En 2024, por ejemplo, las autoridades reportaron el incremento de perforaciones ilícitas a los oleoductos en varias regiones del país, un delito conocido como 'chico tapping'. Esa práctica ha generado emergencias ambientales y ha puesto en riesgo la vida de quienes manipulan el hidrocarburo de forma artesanal.
Quedan varios retos por delante. Uno es técnico: medir con precisión cuánto se pierde cada año y en qué puntos de la cadena. Otro es judicial: identificar, judicializar y desarticular las redes detrás del robo, incluidos los enlaces con estructuras de narcotráfico. El Gobierno, según el reporte, apuesta a que la presión militar reduzca el volumen mensual y desincentive la actividad.
La decisión se conoce en un momento en el que la seguridad en zonas productoras de hidrocarburos es uno de los temas sensibles del país. Sectores productivos han pedido durante años más control estatal en los corredores de transporte de crudo, donde la presencia armada ilegal suele ser determinante. Ahora, con la orden presidencial, el tema vuelve al centro del debate sobre cómo equilibrar la defensa de la producción energética con la protección de las comunidades en esas regiones.