El presidente Abelardo De La Espriella elevó una solicitud para que se declare insubsistente al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Germán Miranda, por un posible caso de corrupción, según informó Revista Semana. La petición se produce a pocos días de la llegada del funcionario a la entidad.
Miranda se había posesionado el pasado 7 de septiembre ante el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en un acto formal que marcó su ingreso a la dirección de la UNGRD, entidad conocida popularmente como la dirección de Bomberos. El corto plazo entre su posesión y la solicitud de salida llamó la atención por lo reciente del nombramiento.
La UNGRD es la entidad del Estado colombiano encargada de coordinar la respuesta ante emergencias, desastres naturales y eventos catastróficos, además de articular a los cuerpos de bomberos del país. Por su naturaleza, la unidad maneja recursos públicos significativos para la atención de emergencias en todo el territorio nacional.
En los últimos años, la entidad ha estado en el centro de controversias administrativas y judiciales relacionadas con el manejo de contratos y recursos para la atención de emergencias, lo que ha incrementado el escrutinio ciudadano sobre sus funcionarios. Cualquier nueva denuncia de corrupción reaviva la preocupación sobre la transparencia en la contratación estatal.
La solicitud presidencial de declarar insubsistente a un funcionario implica que el Gobierno considera que existen razones para separar del cargo a un directivo sin que medie un proceso disciplinario completo, basándose en la discrecionalidad legal del nominador. Este tipo de decisiones suelen tomarse cuando hay indicios que requieren una separación inmediata del servicio.
La figura de insubsistencia está regulada por el derecho administrativo colombiano para funcionarios de libre nombramiento y remoción, quienes pueden ser separados del cargo mediante un acto motivado. La solicitud presidencial ahora deberá surtir el trámite ante el ministro Lara y las instancias competentes para su materialización.
La situación abre interrogantes sobre los mecanismos de verificación previos a la posesión de altos funcionarios en entidades sensibles, en un contexto donde la lucha contra la corrupción es un compromiso explícito del actual Gobierno. También pone en discusión cuánto conoce el Ejecutivo sobre sus equipos recién posesionados.
Por ahora, no se conocieron detalles adicionales sobre el tipo de hechos específicos que habrían motivado la solicitud presidencial, ni sobre si existe una investigación formal en curso. La expectativa se centra en los próximos pronunciamientos oficiales y en las decisiones que adopten el Ministerio del Interior y las autoridades competentes.