El presidente Abelardo De La Espriella pidió que se revise la legalidad y el funcionamiento de las fotomultas en Colombia, según reportó La FM. La solicitud, dirigida al Gobierno nacional, busca frenar lo que el Mandatario considera posibles abusos en contra de los conductores.
Las fotomultas son sanciones impuestas a partir de fotografías o videos captados por dispositivos fijos o móviles instalados en vías urbanas y carreteras. Su uso se generalizó en Colombia desde mediados de la década de 2010, cuando varias alcaldías y el Ministerio de Transporte firmaron convenios con operadores privados para automatizar el control de infracciones como el exceso de velocidad o el cruce de semáforos en rojo.
El sistema actual permite que cámaras y radares detecten la infracción, capturen la placa del vehículo y generen un comparendo de forma automática. El conductor recibe la notificación y debe pagar la multa o presentar un descargo ante la autoridad de tránsito correspondiente. Varias ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín y Cali, concentran la mayor cantidad de dispositivos en operación.
Sectores ciudadanos han cuestionado de manera recurrente el papel de los operadores privados en el recaudo. Denuncian, por ejemplo, que los equipos no están calibrados, que los avisos de ubicación son insuficientes o que el proceso de notificación no garantiza el derecho a la defensa. También señalan que, en algunos casos, las cámaras se ubicarían en puntos de alta accidentalidad con el fin de incrementar el número de comparendos.
La solicitud del Presidente se inscribe en el debate que desde hace años promueve la organización Despacio y otros colectivos de movilidad sostenible. Estas agrupaciones han pedido auditorías técnicas a los equipos, mayor transparencia en los contratos con los operadores y reglas claras sobre el uso de los recursos recaudados.
El llamado presidencial pone sobre la mesa la posibilidad de una reforma al marco normativo que regula estas sanciones. La Ley 1843 de 2017 y el Código Nacional de Tránsito son las normas que hoy rigen el funcionamiento de los sistemas automáticos de detección. Cualquier cambio requeriría la revisión de estos textos y la participación del Congreso de la República.
Para los conductores, el debate tiene efectos prácticos. Una eventual suspensión de los convenios con operadores privados reduciría temporalmente el número de comparendos, pero también afectaría el recaudo municipal, que en algunas ciudades financia programas de seguridad vial y modernización del transporte público.
Por ahora, el Gobierno nacional no ha detallado los plazos ni la entidad que encabezaría la revisión. La petición queda como un primer paso político que abre la discusión sobre hasta dónde debe llegar la automatización del control vial y qué garantías tendrán los ciudadanos frente a estas sanciones.
Queda pendiente conocer la respuesta del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de los alcaldes de las principales ciudades, que son los responsables directos de los convenios vigentes. Su postura será determinante para definir si el proceso termina en una auditoría, en una reforma legal o se queda en el plano del anuncio.