El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó una investigación sobre los presuntos acuerdos que habrían existido entre el Clan del Golfo y el gobierno de Gustavo Petro, según reportó Infobae. La petición se enmarca en la frase que el propio De la Espriella repitió en su declaración: "Nadie estará por encima de la ley".
Para encabezar esa revisión, De la Espriella designó a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque. A Restrepo le correspondió evaluar la información disponible y determinar si los hallazgos debían trasladarse al Departamento de Estado de Estados Unidos, un paso que sugiere el interés del equipo entrante en que el tema tenga seguimiento internacional.
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es considerado por la Fiscalía y por la DEA como la mayor organización criminal del país. En los últimos años ha sido objeto de operaciones militares y de procesos de sometimiento a la justicia que han avanzado con altibajos, en medio de denuncias sobre su capacidad de negociar con autoridades locales y regionales.
Las acusaciones de pactos entre esa estructura armada y agentes del Estado no son nuevas. Diversos sectores políticos y de seguridad han señalado que, en distintas regiones, la presencia del Clan del Golfo ha coincidido con reducciones de la fuerza pública o con silencios oficiales que no han tenido explicación clara. La nueva solicitud del presidente electo retoma ese debate y lo coloca en el centro de la transición.
La decisión se conoce en un momento sensible: la administración Petro atraviesa sus últimos meses y el equipo de De la Espriella prepara el relevo. Pedir que un eventual expediente llegue a Washington anticipa una línea de trabajo que combinaría la justicia colombiana con la cooperación de Estados Unidos, país que mantiene a las AGC en su lista de organizaciones narcoterroristas.
Para la ciudadanía, el anuncio abre interrogantes sobre qué pasaría con las investigaciones en curso, con los procesos de paz total impulsados por Petro y con las garantías para las comunidades que conviven a diario con el Clan del Golfo en zonas como Urabá, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Esas poblaciones han sido históricamente las más afectadas por los enfrentamientos y por los acuerdos opacos entre armados y autoridades.
En el plano institucional, el encargo a Restrepo llega con un componente político: el exministro llega desde un gobierno anterior al de Petro, lo que se lee como un gesto de independencia frente al saliente. Si la documentación se remite al Departamento de Estado, el caso podría cruzarse con investigaciones de la DEA sobre narcotráfico y lavado de activos, lo que ampliaría el alcance de las pesquisas más allá de las fronteras.
Hasta ahora ni el gobierno de Petro ni voceros del Clan del Golfo han respondido de forma pública a la solicitud del presidente electo, según lo consignado por Infobae. La pelota queda en manos del equipo de transición y, en particular, en la evaluación que adelante Restrepo sobre la información disponible y su posible envío a las autoridades estadounidenses.
Lo que sigue en el corto plazo es la entrega del mando presidencial y la conformación del nuevo equipo de seguridad y justicia. Será ese gabinete el que defina si el tema se traduce en una investigación formal, en una denuncia ante la Fiscalía o en una solicitud directa a las agencias de Estados Unidos, un camino que, según la fuente, ya está sobre la mesa.