Abelardo De La Espriella planteó la expedición de 90 decretos en las primeras horas de un eventual gobierno suyo. La cifra y las áreas priorizadas fueron dadas a conocer por el medio Portafolio, que reseñó la propuesta dentro de la campaña hacia las elecciones presidenciales en Colombia.
El paquete anunciado se concentra en cuatro sectores: seguridad, economía, salud y educación. El candidato los presenta como los ejes sobre los cuales busca actuar de forma inmediata, sin esperar al trámite legislativo ordinario. Esa lógica, la de gobernar por decreto en temas estructurales, es la que marca el tono de la propuesta.
En Colombia, la figura del decreto presidencial está regulada por la Constitución. El artículo 189 establece que el presidente puede dictar normas con fuerza de ley en estados de conmoción interior o emergencia económica, social o ecológica, y también faculta al Ejecutivo para expedir decretos en materias específicas, como la organización de la administración pública o la regulación de servicios. Un decreto ordinario, en cambio, no puede crear ni modificar leyes.
La propuesta de 90 decretos en un solo día es inusual por su volumen. Lo habitual al inicio de un gobierno es la firma de decretos de nombramiento y de estructura, además de algunos actos urgentes. Una agenda de esa magnitud implica que buena parte de las medidas anunciadas dependerían de facultades extraordinarias o de estados de excepción, lo que requiere el control posterior de la Corte Constitucional.
En seguridad, la concentración de medidas vía decreto podría tocar temas como reorganización de la fuerza pública, reglas de convivencia o respuesta a situaciones de orden público. En economía, los decretos suelen usarse para ajustar tributos, tarifas o regulación financiera. En salud y educación, el margen es más estrecho, porque buena parte de las políticas están definidas por leyes estatutarias y ordinarias.
Para la ciudadanía, la diferencia práctica es concreta. Un decreto puede entrar en vigencia de inmediato, mientras que un proyecto de ley pasa por debates en el Congreso. Esa inmediatez suele presentarse como una ventaja en campaña, pero también concentra el poder en el Ejecutivo y reduce los espacios de deliberación pública.
La propuesta llega en un contexto de alta polarización y de demandas acumuladas en los cuatro sectores mencionados. Los indicadores de percepción de seguridad, las cifras de cobertura y calidad en salud y educación, y el debate sobre el rumbo económico son temas que cualquier candidato debe abordar. De La Espriella eligió hacerlo con un anuncio de corte ejecutivo.
Portafolio, medio que publicó la información, registra esta propuesta como parte del portafolio programático del candidato. Hasta ahora, no se conocen los textos concretos de los 90 decretos ni el orden en que serían firmados. Ese nivel de detalle es clave para evaluar el alcance real de la iniciativa.
Quedan pendientes varios puntos. Falta saber qué materias quedarían incluidas en cada decreto, cuáles requerirían facultades del Congreso y cuáles se apoyarían en estados de excepción. También está por verse la reacción de los partidos políticos, de la academia y de los órganos de control frente a un paquete de ese tamaño en las primeras 24 horas de gobierno.