Durante un acto público en Montería, el presidente electo Abelardo De La Espriella entregó una lista con nombres de personas que, de acuerdo con lo informado por el medio El Tiempo, deberían entregarse a las autoridades antes del 7 de agosto. El plazo establecido equivale a 17 días contados a partir del anuncio, según reportó el propio medio.
La advertencia se dirigió de manera explícita a cabecillas del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tienen presencia en el departamento de Córdoba y en otras zonas del Caribe colombiano. De La Espriella utilizó la fórmula del ultimátum, una figura que en la política de seguridad colombiana se ha empleado en anteriores procesos de sometimiento y negociación con grupos armados.
Montería, capital de Córdoba, ha sido históricamente una de las ciudades donde la disputa entre estructuras criminales ha dejado huellas visibles. El Clan del Golfo, surgido tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, ha sido señalado por las autoridades como una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el control territorial en zonas del norte y occidente del país.
El contexto del anuncio coincide con la transición de gobierno. De La Espriella ganó las elecciones y se prepara para asumir la presidencia, por lo que sus declaraciones en actos públicos adquieren un peso particular, dado que aún no ejerce funciones ejecutivas. La entrega de la lista, en todo caso, fue presentada como un llamado a la colaboración con la justicia por parte de quien será el próximo jefe de Estado.
Para los ciudadanos de Montería y de los municipios cercanos, el mensaje tiene implicaciones directas. Sectores como el comercio, el transporte y la ganadería han reportado durante años presiones de grupos armados que cobran extorsiones y condicionan la actividad económica. Un eventual sometimiento de cabecillas podría modificar las dinámicas de control en territorios donde la presencia del Estado ha sido intermitente.
En el plano institucional, el anuncio reabre el debate sobre los mecanismos de sometimiento individual y colectivo previstos en la ley colombiana. Estos procedimientos, regulados por normas como la Ley 2272 de 2022, establecen condiciones, beneficios y rutas para quienes decidan abandonar actividades ilegales y colaborar con la justicia. La decisión final sobre la aplicación de esos instrumentos corresponderá, una vez se posesione, al nuevo gobierno.
Organizaciones de derechos humanos y voceros de víctimas en Córdoba han recordado en otras ocasiones que cualquier proceso de sometimiento debe garantizar verdad, justicia y reparación. La entregaría de listados con nombres exige una verificación judicial para evitar señalamientos sin fundamento y para proteger a personas inocentes que pudieras resultar involucradas.
Por ahora, el plazo de 17 días corre. El 7 de agosto será la fecha clave para evaluar si los nombres incluidos en la lista se presentan ante las autoridades o si, por el contrario, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía avanzan en su captura. Lo que ocurra en las próximas semanas dará señales sobre la estrategia de seguridad que implementará el gobierno entrante en una de las regiones más afectadas por la violencia del Clan del Golfo.
El Tiempo reportó que el propio presidente electo calificó la entrega de los nombres como un requisito indispensable para avanzar hacia la paz en esa zona del país. La cobertura del medio se convierte en la fuente principal de seguimiento del proceso, junto con los comunicados que pueda emitir la Fiscalía y los comandos de Policía y Fuerzas Militares con jurisdicción en Córdoba.