El anuncio lo hizo Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia, al comprometerse a elevar el subsidio que entrega el programa Colombia Mayor. Según la información publicada por La República, la nueva tarifa propuesta sería de 400.000 pesos mensuales, frente al monto que rige actualmente.
Colombia Mayor es un programa del Gobierno nacional, adscrito al Departamento de Prosperidad Social, que entrega transferencias económicas a adultos mayores en situación de pobreza, indigencia o vulnerabilidad. Está dirigido a personas mayores de 60 años que no cuentan con pensión ni con otros ingresos estables, y su operación se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación y aportes de los entes territoriales.
El monto vigente del subsidio ha sido actualizado de manera gradual en los últimos años. En administraciones recientes se han realizado incrementos parciales del valor entregado a los beneficiarios, aunque el ritmo de los aumentos ha sido motivo de discusión entre expertos y organizaciones sociales, que señalan que la cifra se ha quedado rezagada frente al costo de vida y la inflación de productos básicos como alimentos y medicamentos.
La propuesta de De la Espriella llega en pleno calendario electoral, cuando distintos candidatos presentan sus planes en materia de protección social. Elevar la transferencia tendría efectos directos sobre cerca de 1,7 millones de adultos mayores inscritos en el programa, de acuerdo con las cifras de cobertura que han sido manejadas por Prosperidad Social en meses recientes, aunque el dato exacto debe verificarse en la fuente oficial.
Desde el punto de vista fiscal, un aumento del subsidio implica un esfuerzo adicional en el rubro de gasto social. Ese mayor desembolso debería asegurarse con fuentes de financiación sostenibles, algo que los planes de gobierno suelen detallar a través de mecanismos como reasignaciones presupuestales, cooperación internacional o ajustes en la focalización del programa.
La reacción inicial de distintos sectores fue diversa. Organizaciones de adultos mayores y líderes comunitarios han pedido durante años un incremento que reconozca el peso de la canasta básica, mientras que analistas económicos han insistido en que cualquier alza debe ir acompañada de una revisión de los criterios de focalización para llegar a quienes más lo necesitan.
Como es habitual en los compromisos de campaña, el cumplimiento de la promesa dependería de la aprobación del Congreso y de la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación. Hasta ahora, el equipo del candidato no ha precisado la hoja de ruta para financiar el aumento ni los plazos en los que se aplicaría la nueva tarifa.
La discusión queda abierta sobre si el monto propuesto resulta suficiente frente a la inflación acumulada y a los compromisos internacionales de protección a los adultos mayores. En los próximos meses se espera que el candidato presente los detalles técnicos de su propuesta y los mecanismos de financiación que la respaldarían.