El presidente electo Abelardo de la Espriella incluyó la cadena perpetua para delitos graves contra menores dentro de su propuesta de seguridad y justicia. La medida busca, según su planteamiento, responder con mayor contundencia a crímenes que considera especialmente lesivos para la sociedad, de acuerdo con lo informado por ese medio.
La postura del presidente electo abre un debate de fondo sobre los límites del sistema penal colombiano, donde la Constitución de 1991 prohíbe expresamente la pena de prisión perpetua. Ese mandato fue reafirmado por la Corte Constitucional en sentencias posteriores, al declarar inexequibles normas que intentaron reintroducir ese tipo de sanciones.
Desde el gabinete designado, el ministro de Justicia respondió a la propuesta del presidente electo con un rechazo frontal. En lugar de la cadena perpetua, planteó la búsqueda de alternativas que calificó como eficaces y constitucionales, lo que deja ver una distancia inicial entre la cabeza del gobierno entrante y uno de los miembros de su equipo.
La divergencia ocurre antes de la posesión presidencial, programada para el 7 de agosto de 2026. En esa etapa de transición, los ministros designados suelen respaldar las líneas generales del programa de gobierno, por lo que un desacuerdo público sobre un punto sensible del código penal llama la atención sobre la cohesión del gabinete.
Para los ciudadanos, el tema tiene efectos prácticos directos: la forma como se castiguen delitos como el abuso sexual infantil, el homicidio agravado contra menores o la explotación de menores define el nivel de protección que el Estado ofrece a esa población. Cambios en ese esquema requieren debates en el Congreso, donde cualquier modificación al Código Penal enfrenta el filtro constitucional.
El contraste entre ambas posiciones muestra dos caminos posibles para enfrentar la criminalidad grave contra menores. Por un lado, la cadena perpetua, que implica una reforma constitucional previa, un trámite largo en el Legislativo y un riesgo cierto de ser declarada inexequible. Por el otro, la ruta que sugiere el ministro designado, que pasa por reforzar penas existentes, mecanismos de seguimiento y políticas de prevención, siempre dentro del marco constitucional vigente.
La sociedad civil y los operadores de justicia suelen reaccionar a este tipo de propuestas con argumentos en dos frentes. Los defensores de la cadena perpetua sostienen que la gravedad de ciertos delitos exige respuestas extremas y un efecto disuasorio mayor. Los detractores alertan sobre el riesgo de aplicar penas irreversibles sin posibilidad de revisión ante eventuales errores judiciales, y recuerdan que Colombia ya cuenta con herramientas como la acumulación de penas y los regímenes de seguridad extrema.
El episodio deja una pregunta abierta para los próximos meses. El presidente electo ha señalado que la cadena perpetua será una prioridad de su gobierno. El ministro de Justicia, por ahora, ha marcado distancia. La forma como se resuelva esa diferencia condicionará el contenido de los proyectos de ley que el nuevo Ejecutivo presente al Congreso y el rumbo de la política criminal en Colombia.
La fuente consultada, Pulzo, registra la propuesta del presidente electo y la réplica inmediata de su designado para la cartera de Justicia, un cruce que marca el tono del debate sobre justicia penal en la etapa previa a la posesión del nuevo gobierno.