El Consejo Regional Indígena del Cauca, conocido como Cric, cuestionó públicamente las recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre las guardias indígenas. Según la organización, vincular las garantías de protección del Estado a la entrega de información representa un riesgo para las comunidades.
La tensión surge a partir de una propuesta del primer mandatario, quien planteó la necesidad de reunir información sobre estas estructuras de protección comunitaria. El Cric respondió de forma directa y calificó la iniciativa como un riesgo latente, según reportó Infobae.
Las guardias indígenas son organizaciones propias de los pueblos originarios encargadas de vigilar y proteger sus territorios. Funcionan bajo usos y costumbres, y cuentan con reconocimiento constitucional en Colombia, lo que les permite actuar como autoridades de facto en sus resguardos.
La discusión se inscribe en un debate de larga data sobre los límites entre la autonomía de los pueblos indígenas y las competencias del Estado en materia de seguridad. En el pasado, diferentes gobiernos han buscado mecanismos de articulación con estas guardias, aunque con resultados desiguales y constantes fricciones.
Para el Cric, condicionar la protección estatal a la entrega de datos sobre sus guardias abre la puerta a una injerencia en asuntos internos de los pueblos indígenas. La organización insistió en que cualquier acercamiento debe respetar el derecho fundamental a la autodeterminación.
La postura del Cric llega en un momento sensible para el Cauca, departamento con presencia histórica de comunidades indígenas y donde confluyen disputas territoriales, presencia de grupos armados y problemáticas de orden público que afectan de manera directa a la población civil.
Desde el Gobierno nacional aún no se conoce una respuesta formal a los señalamientos del Cric. La propuesta del presidente abrió un diálogo pendiente sobre cómo se compatibilizan las guardias indígenas con la política de seguridad del Estado.
Queda por verse si el Ejecutivo abrirá espacios de concertación con las organizaciones indígenas o si mantendrá su propuesta inicial. Por lo pronto, el cruce de declaraciones marca un primer punto de fricción entre el Gobierno y uno de los referentes del movimiento indígena colombiano.