Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, Abelardo de la Espriella formuló una promesa central en materia de seguridad: levantar diez megacárceles tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de alta seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. La propuesta busca, según el entonces candidato, reforzar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
La Tercera, medio chileno que consultó a varios especialistas sobre la viabilidad de la iniciativa, concluyó que replicar el modelo salvadoreño en Colombia es inviable. Los expertos argumentaron que las condiciones estructurales de ambos países son distintas y que una copia literal del CECOT chocaría con limitaciones jurídicas, presupuestales y operativas en territorio colombiano.
El CECOT fue inaugurado en 2023 como una pieza emblemática de la política de excepción aplicada en El Salvador, que incluyó la suspensión de garantías ciudadanas y la captura masiva de personas señaladas de integrar pandillas. Su diseño contempla capacidad para miles de reclusos y un régimen interno sin precedentes en la región. La prisión se convirtió en símbolo internacional del giro punitivo del gobierno salvadoreño.
En Colombia, la política penitenciaria enfrenta un panorama diferente. El sistema carcelario está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad que administra más de cien establecimientos en el país. La sobrepoblación y el hacinamiento son problemas crónicos reconocidos por la propia institución y por organismos de control como la Defensoría del Pueblo.
Expertos en política criminal y derechos humanos citados por La Tercera recordaron que cualquier ampliación significativa de la capacidad carcelaria en Colombia requiere estudios previos de impacto, licitaciones, diseños de ingeniería y aprobaciones presupuestales en el Congreso. Señalaron, además, que el modelo CECOT se construyó bajo un régimen de excepción que en Colombia tendría restricciones constitucionales.
La promesa de las megacárceles se vincula con otro compromiso de campaña del abogado: recuperar el control territorial del país. Esa bandera apuntaba a zonas donde hacen presencia grupos armados ilegales y economías ilegales, entre ellos disidencias,_ELN y organizaciones dedicadas al narcotráfico. Para los analistas consultados, ese objetivo exige una estrategia que combine fuerza pública, presencia institucional e inversión social, no solo infraestructura de reclusión.
La Tercera también destacó las similitudes estéticas y programáticas entre De la Espriella y Bukele, sobre todo en el uso de un discurso frontal contra el crimen y en la apuesta por un liderazgo personalista en seguridad. Sin embargo, los especialistas insistieron en que las coincidencias discursivas no se traducen automáticamente en resultados comparables, porque las realidades institucionales de cada país son distintas.
Para la ciudadanía, el debate tiene implicaciones directas. Una política de esa envergadura comprometería recursos fiscales significativos durante varios años, en un momento en el que el gasto público enfrenta presiones por demandas en salud, educación e infraestructura. La decisión final sobre su ejecución dependerá de cómo el nuevo gobierno concrete la propuesta en el plan nacional de desarrollo y en los proyectos de ley que presente ante el Congreso.
Por ahora, la viabilidad de las diez megacárceles estilo CECOT queda en entredicho según los expertos consultados por La Tercera. Queda pendiente conocer los detalles técnicos, el costo estimado y el marco legal que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentaría para materializar la iniciativa, si decide insistir en ella durante su mandato.