Abelardo de la Espriella, señalado como jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, afirmó estar “dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías”, según el extracto publicado por la revista Semana. La declaración se produjo como reacción a una portada de ese medio, que recogió su posición frente al aparato judicial colombiano.
La solicitud fue dirigida de manera específica a los ministerios de Justicia y de Defensa. De la Espriella pidió que ambas carteras coordinen el proceso de sometimiento, un trámite que en Colombia está regulado por la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de sometimiento, que establece rutas para que estructuras armadas ilegales entreguen armas, aporten verdad y reciban beneficios judiciales condicionados.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son un grupo armado ilegal que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta, una región compartida por los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Su presencia se ha relacionado con disputas territoriales por el control social y economías ilegales, en una zona donde confluyen comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
La figura del sometimiento implica la dejación de armas, la desmovilización colectiva y la disposición de los miembros del grupo a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz o la justicia ordinaria, según corresponda. En la práctica, cada caso requiere negociación con el Gobierno nacional, verificación de listas de integrantes y acompañamiento de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU.
La exigencia de “garantías” no aparece detallada en el extracto de Semana. En procesos similares, ese tipo de pedidos suelen incluir condiciones sobre seguridad personal, situación jurídica de los comparecientes y eventuales beneficios penales. Por ahora, la fuente consultada no precisa el alcance de esas solicitudes ni la respuesta oficial de los ministerios.
El sometimiento de grupos armados ha sido una herramienta recurrente en las últimas décadas en Colombia, con resultados desiguales. La experiencia de las Autodefensas Unidas de Colombia en los años 2000 dejó lecciones sobre la necesidad de controles estrictos, listas verificadas y sanciones claras para quienes incumplan los compromisos.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa no se han pronunciado públicamente sobre la solicitud. Tampoco hay confirmación oficial sobre si se abrirá una mesa de diálogo o si el Gobierno evaluará la petición dentro del marco legal vigente.
El anuncio se inscribe en un momento en el que el debate sobre la política de seguridad y los mecanismos de justicia transicional sigue abierto en el país. Sectores políticos, víctimas y organismos de derechos humanos suelen pedir transparencia, participación de las víctimas y criterios claros de verificación antes de respaldar cualquier proceso de sometimiento.