El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó públicamente a las marchas convocadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. En su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que el Gobierno respetará el derecho a la manifestación, pero dejó clara una línea roja: no permitirán bloqueos ni que se paralicen las regiones, según reportó Revista Semana. La frase “Este Gobierno no se deja amenazar” resume el tono del mensaje presidencial.
El Cric es una de las organizaciones indígenas más activas del suroccidente colombiano y tiene tradición de convocar movilizaciones en defensa de la tierra, los derechos territoriales y contra decisiones que consideran afectan a las comunidades. En distintas coyunturas, sus marchas han derivado en bloqueos de vías, lo que suele generar impacto en la movilidad y en la actividad económica de departamentos como Cauca, Huila, Valle del Cauca y Nariño.
La postura del presidente se inscribe en una línea que su administración ha mantenido frente a la protesta social: garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, pero rechazar las vías de hecho que afecten a terceros. En la práctica, esa distinción suele poner a las fuerzas de seguridad en el centro del debate, especialmente cuando el orden público se vuelve crítico en corredores estratégicos del país.
Para los ciudadanos del común, el anuncio tiene una lectura práctica directa. Quienes dependen de la movilidad terrestre en el suroccidente colombiano saben que un bloqueo de varias horas puede traducirse en pérdidas para transportadores, comerciantes, productores agrícolas y pacientes que requieren atención en otras ciudades. La advertencia presidencial apunta justamente a reducir ese margen de afectación.
Desde el lado de las comunidades indígenas, el derecho a la protesta y a la movilización se ha considerado una vía legítima para visibilizar reclamos históricos, incluyendo demandas sobre el territorio, la consulta previa y la presencia de actores armados en sus resguardos. El Cric suele argumentar que sus acciones buscan llamar la atención del Estado sobre situaciones que, a su juicio, no encuentran respuesta en el diálogo.
La respuesta del jefe de Estado se conoció en medio de la expectativa por las marchas anunciadas, por lo que el contenido de su declaración se convierte en una señal política hacia los organizadores, hacia los gobernadores y alcaldes de la zona, y hacia las propias Fuerzas Militares y de Policía, encargadas de gestionar el orden público en caso de alteraciones.
Por ahora, las partes se encuentran en una etapa de declaraciones públicas. Queda por verse si la jornada de movilización se desarrolla dentro de los márgenes planteados por el Gobierno, si se presentan episodios de bloqueo o si, por el contrario, se abren espacios de diálogo entre el Ejecutivo y las comunidades convocantes. El desenlace dependerá del comportamiento en las vías y de los acuerdos operativos que se logren en el territorio.