El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre una carta enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz a la Corte Penal Internacional. Según el reporte de Canal 1, el mandatario rechazó esa comunicación durante una declaración pública en vivo.
De la Espriella vinculó ese rechazo con la defensa del recorte presupuestal que su gobierno ha impulsado. Argumentó que reasignar recursos según prioridades del Ejecutivo no equivale a presionar a otras instituciones del Estado.
Una reasignación con criterios de interés público "no constituye una interferencia: es gobernar", sostuvo el presidente, citado por Canal 1. Con esa frase buscó separar la decisión presupuestal de cualquier señalamiento de presión sobre la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su función es investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
La Corte Penal Internacional, por su parte, es el tribunal de último recurso para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Colombia es parte del Estatuto de Roma desde 2002, lo que habilita a la CPI para complementar la justicia nacional.
La comunicación de la JEP hacia la CPI había generado expectativa porque, en Colombia, ese tipo de intercambios suelen referirse a la evolución de los procesos internos. Hasta ahora no se conocía el contenido detallado de esa misiva, pero el pronunciamiento presidencial confirma que el tema está en la agenda del gobierno.
El debate presupuestal toca a la JEP en un momento sensible. Como entidad del sistema de justicia transicional, depende de partidas del Presupuesto General de la Nación que cada año discute el Congreso. Un recorte o reasignación de fondos puede afectar el ritmo de las investigaciones y los procesos en curso.
Sectores cercanos a la implementación del Acuerdo de Paz venían advirtiendo sobre ajustes que comprometerían capacidades de varias entidades. La reacción del presidente sugiere que el gobierno mantendrá su postura frente a esos recursos y, al mismo tiempo, intentará delimitar el alcance de las comunicaciones entre la JEP y la CPI.
Por ahora, el cruce de declaraciones deja abiertas varias preguntas: cuál es el contenido exacto de la carta de la JEP, qué respondió la CPI y si el Congreso abrirá el debate sobre las partidas asignadas a la jurisdicción transicional. El gobierno, según dijo el propio presidente, seguirá tomando estas decisiones bajo el criterio de prioridades públicas.