El presidente Abelardo de la Espriella recorrió calles de Santa Marta con un arma de fuego visible en la cintura, según registró Infobae. La imagen del mandatario armado en pleno desplazamiento por la ciudad se viralizó y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el porte legal de armas en Colombia.
El hecho se produjo en un contexto sensible. El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo firmó el Decreto 1368, con el cual se levantó la suspensión general que pesaba sobre el porte de armas de fuego en el territorio nacional. La norma reactivó la posibilidad de portar armas en espacios públicos para quienes cumplan los requisitos legales, lo que modificó una restricción que llevaba años vigente.
La aparición del presidente con un arma en la cintura fue aprovechada por el expresidente Gustavo Petro para lanzar una crítica pública. Petro comparó la escena con prácticas de otras épocas y cuestionó el mensaje que transmite un jefe de Estado portando un arma de fuego en un acto público, según reportó Infobae.
El Decreto 1368 marca un cambio en la política de armas del país. Hasta su expedición, regía una suspensión general sobre la portación en espacios públicos, una medida que había sido adoptada por gobiernos anteriores como herramienta de seguridad. Levantar esa restricción implica que los ciudadanos que tramiten la respectiva autorización ante la autoridad competente pueden volver a portar armas en la calle.
La polémica combina dos elementos. Por un lado, una decisión de política pública con efectos sobre millones de colombianos que buscan o ya cuentan con permisos para portar armas. Por otro lado, el gesto simbólico del presidente, que al exhibir el armamento en un recorrido oficial puede ser leído como un respaldo personal a esa nueva permisividad o como un mensaje de autoridad.
La crítica de Petro introdujo el debate ideológico en la conversación. El expresidente ha sido un defensor histórico del desarme y de las restricciones al porte de armas, y su reacción llegó en un momento en el que organizaciones civiles y expertos en seguridad pública han expresado reservas sobre los efectos del Decreto 1368 en la convivencia ciudadana.
Desde la perspectiva de la ciudadanía, el episodio deja preguntas abiertas sobre el alcance real del decreto, los controles que se aplicarán a quienes porten armas y la señal que envía la máxima autoridad del país al exhibir un arma en un acto público. La Defensoría del Pueblo y las autoridades de seguridad aún no se han pronunciado de manera oficial sobre el incidente, según la información disponible.
Por ahora, el recorrido del presidente por Santa Marta y la posterior crítica de Petro mantienen el Decreto 1368 en el centro del debate. Queda por verse si el Ejecutivo ampliará la explicación sobre los alcances de la norma y si se adoptarán medidas adicionales para aclarar en qué condiciones los ciudadanos pueden portar armas tras el levantamiento de la suspensión general.