Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, volvió a pronunciarse sobre uno de los anuncios más comentados de su campaña: el retiro de símbolos alusivos al M-19 y al ELN que se encuentran en la Casa de Nariño. La afirmación fue recogida por Diario La Libertad, que tituló su nota con la frase textual del mandatario: 'No los voy a archivar, los voy a quemar'.
La expresión marca una diferencia con el tratamiento que suelen recibir los objetos históricos en Colombia, donde piezas de valor simbólico suelen ser preservadas en archivos o museos. Al anunciar que serán quemados, De la Espriella plantea un destino distinto al de esos bienes, lo que ha generado reacciones divididas entre quienes defienden la preservación de la memoria y quienes consideran los símbolos como una apología de la violencia.
Para entender la controversia conviene recordar qué representan estos símbolos. El M-19 fue una guerrilla urbana activa entre 1970 y 1990, responsable de acciones como la toma de la embajada de la República Dominicana en 1980 y el robo de la espada de Simón Bolívar. En 1990 suscribió un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco y se convirtió en movimiento político, la Alianza Democrática M-19, que tuvo presencia en la Asamblea Nacional Constituyente de ese año. Parte de sus fundadores, entre ellos Gustavo Petro, hicieron luego tránsito a la vida civil y a la política institucional.
El ELN, por su parte, es una guerrilla activa desde 1964 y es considerada hoy la organización armada ilegal con mayor presencia en territorio colombiano tras el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. A lo largo de su historia ha sido señalada por secuestros, atentados y vínculos con economías ilegales, y ha sostenido diálogos intermitentes con distintos gobiernos sin lograr un acuerdo definitivo.
La presencia de símbolos de estos grupos en la Casa de Nariño ha sido objeto de debate desde su colocación. Quienes defienden su permanencia argumentan que son un reconocimiento a los procesos de paz y a las víctimas, y que retirarlos borra una etapa de la historia reciente. Quienes piden su retiro sostienen que estas organizaciones causaron daño y que exhibir sus insignias en la sede del Ejecutivo equivale a dignificarlas.
El anuncio de De la Espriella llega en un momento en que el país sigue discutiendo los alcances de los acuerdos de paz vigentes y la situación de seguridad en regiones con presencia del ELN. Su reiteración, en tono directo, sugiere que el retiro será una de las primeras acciones simbólicas de su gobierno, aunque la nota de Diario La Libertad no precisa fechas ni el procedimiento para hacerlo.
La declaración también pone la mira en el alcance de las decisiones presidenciales sobre el patrimonio cultural e histórico. En Colombia, los bienes de interés cultural y los objetos custodiados por entidades del Estado suelen tener regímenes de protección que limitan su disposición. Si los símbolos están catalogados como parte del patrimonio, su destrucción podría requerir decisiones adicionales del Ministerio de Cultura o del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, aspecto que el reporte no aborda.
Para la ciudadanía, el debate va más allá de los objetos. Toca preguntas sobre cómo se honra la memoria de las víctimas, qué papel juegan los símbolos en la política y qué señales envía el nuevo gobierno frente a los grupos armados ilegales. La quema, en caso de concretarse, sería un gesto de ruptura con la línea seguida por gobiernos anteriores en materia de paz y reconciliación.
Por ahora, la oposición y diversos sectores académicos y de víctimas esperan pronunciamientos oficiales sobre el procedimiento, el alcance y los efectos jurídicos de la decisión. El tema seguramente hará parte de los primeros debates del nuevo Congreso y de la agenda de los medios en las próximas semanas. Diario La Libertad es, hasta ahora, la fuente que recoge de manera directa las palabras del presidente electo sobre este punto.