Durante su discurso de posesión, el nuevo jefe de Estado, Abelardo De la Espriella, expuso los lineamientos centrales de la política económica que impulsará su administración. Según reportó El Heraldo, el mandatario reiteró que enviará al Congreso una reforma tributaria y que, como parte de ese paquete, eliminará el impuesto al patrimonio.
El impuesto al patrimonio es una figura que en Colombia se ha activado de manera temporal en varias ocasiones desde 2002, usualmente con el argumento de financiar gasto social o cubrir emergencias fiscales. Su eliminación, ahora anunciada como decisión de carácter permanente, constituye un cambio de rumbo frente a su uso reciente y ha generado expectativa entre contribuyentes de altos ingresos y analistas tributarios.
Además de suprimir ese gravamen, De la Espriella aseguró que su gobierno buscará simplificar el sistema tributario. La simplificación suele asociarse a la reducción de trámites, la unificación de regímenes y la disminución del número de declaraciones y retenciones que hoy deben atender personas y empresas. Aunque el presidente no entregó detalles técnicos en su intervención, el anuncio marca la hoja de ruta de lo que sería la reforma estructural.
El combate a la evasión fue otro de los pilares mencionados en el discurso. La evasión y la elusión en Colombia han sido señaladas de manera reiterada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que en distintos informes ha estimado pérdidas fiscales anuales de varios billones de pesos. Un eventual refuerzo en la fiscalización tendría impacto directo en el recaudo y, por esa vía, en las finanzas públicas.
El tercer eje del anuncio apunta a la inversión, la producción y el empleo. De la Espriella habló de generar mejores condiciones para estos tres frentes, lo que en la práctica se traduce en señales sobre la carga tributaria de las empresas, la certidumbre jurídica y los estímulos a sectores específicos. La forma concreta de esos estímulos dependerá del texto que el Ejecutivo radique ante el Legislativo.
El anuncio llega en un contexto de debate nacional sobre el peso de los impuestos en la actividad económica y sobre la capacidad del Estado para financiarse. Sectores productivos suelen pedir menores cargas, mientras que organizaciones sociales y expertos en política fiscal advierten sobre el riesgo de reducir el recaudo sin fuentes sustitutas. La discusión sobre el alcance de la reforma se anticipa compleja en el Congreso.
Por ahora, lo confirmado en la posesión son las líneas generales: reforma tributaria, eliminación del impuesto al patrimonio, simplificación del sistema, lucha contra la evasión y un marco orientado a la inversión, la producción y el empleo. Queda pendiente el contenido del proyecto, los plazos de presentación y la reacción de las distintas bancadas parlamentarias y de los gremios económicos.
El gobierno entrante enfrenta el reto de traducir esos anuncios en una propuesta articulada que sea aprobada por el Congreso. La reforma, según trascendió en la posesión, será una de las primeras grandes pruebas de la nueva administración y de su relación con el Legislativo en materia económica.